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El Gobierno nacional denuncia a participantes de una marcha contra la usurpación de tierras en una zona turística cercana a Bariloche

Una caravana de cerca de 200 automóviles intentó llegar el pasado sábado hasta las tierras ocupadas por la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu desde 2017 en Villa Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche, el principal centro turístico de la Patagonia argentina. Respondían a la convocatoria de un “Banderazo patriótico” contra lo que consideran “el atropello de un puñado de delincuentes que van por las reservas naturales y la propiedad privada”. Para los integrantes de la comunidad, en cambio, se trata de la recuperación de tierras ancestrales. El Ejecutivo de Alberto Fernández apuesta por el diálogo para resolver este y otros conflictos de tierras en los que están involucradas comunidades indígenas, pero hay diferencias dentro de la coalición gubernamental y ha recibido duras críticas de la oposición.
En noviembre de 2017, la policía mató de un disparo por la espalda al mapuche Rafael Nahuel durante un operativo para desalojar a la comunidad Lafken Winkul Mapu de las seis hectáreas ocupadas junto al lago Mascardi, en el parque nacional Nahuel Huapi. Tres meses antes, el artesano Santiago Maldonado había muerto ahogado en el río Chubut al escapar de la represión policial a otra toma mapuche en una estancia de Benetton. La tensión entre los grupos indígenas que reclaman tierras y vecinos que los acusan de usurpadores y violentos se ha mantenido viva desde entonces, pero se ha recrudecido en los últimos días por la convocatoria de la protesta y la respuesta gubernamental.

La ministra de Seguridad argentina, Sabina Frederic, denunció ante la justicia a los convocantes a la movilización por presunta instigación a la violencia. Además, envió fuerzas federales “para evitar la escalada de violencia” y exigió la resolución pacífica de este tipo de conflictos. A unos 90 kilómetros de Villa Mascardi, un centenar de personas ocuparon días atrás parte de una reserva forestal de El Bolsón, otra localidad turística de la provincia de Río Negro. Para la ministra, las ocupaciones no son un asunto de seguridad sino que responden a un “déficit habitacional y una presión por el mercado de tierras”.

Los mapuches también denunciaron la movilización ante el Instituto nacional contra la discriminación, la xenofobia y el racismo por “intentar generar un marco de desestaliblización democrática”.

“El Gobierno anterior intentó resolver el conflicto entrando a sangre y fuego y hubo muertes como la de Rafael Nahuel, pero pese a todo el uso de la fuerza que se hizo nunca se logró la resolución del problema que tiene más de tres años; nosotros intentamos un abordaje distinto, generando una instancia de diálogo para bajar los niveles de violencia y atender los problemas históricos que tienen que ver con la tierra, y el rol de las comunidades”, declaró a los medios Gabriel Fuks, secretario de Articulación federal de seguridad. Fuks subrayó que el Gobierno pretende cumplir con la “ley nacional que establece que debe hacerse un reconocimiento y relevamiento de las tierras mapuches”, pero la pandemia ha impedido cualquier avance en este 2020.

La postura del Gobierno nacional no es unánime. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se ha mostrado contrario a la ocupación de terrenos estatales, no solo en Río Negro, sino en todo el país. “Lo primero que creo es que el Estado tiene que hacer cumplir la ley y si hay gente tomando tierras, los tiene que desalojar”, declaró Massa el domingo en América TV. Massa anticipó que el Gobierno estudia que quienes ocupen terrenos pierdan los subsidios estatales.

La gobernadora rionegrina, Arabela Carreras, habló el sábado con los vecinos movilizados y expresó su apoyo a las manifestaciones pacíficas, pero les pidió mantener la cautela y no incitar a la violencia. Su predecesor y actual senador, Alberto Weretlineck, en cambio, criticó con dureza la denuncia interpuesta por la cartera de Seguridad y acusó a los mapuches de estar armados.

Las ocupaciones de tierras en la Patagonia por parte de grupos mapuches son frecuentes y también las tensiones con la policía, pero por ahora los enfrentamientos están lejos del nivel de violencia en el sur de Chile. Aún así, tanto la toma de Villa Mascardi como la de El Bolsón tienen en común su ubicación en zonas muy turísticas, de alto valor económico y ecológico, lo que aumenta el rechazo local. “Estamos muy preocupados por esta situación. Donde están hoy estas familias es un espacio que no cumple ninguna condición para que a futuro se puedan llevar servicios, es un lugar turístico y una reserva forestal con cipreses muy antiguos”, denunció el alcalde de El Bolsón, Bruno Pogliano, una semana atrás. El sábado, Pogliano apoyó a las decenas de residentes que se manifestaron en esta localidad contra la ocupación. El macrismo coincidió, al acusar al Gobierno de dejar desatendidos a los vecinos.

EL PAÍS