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La candidatura de Bukele para las elecciones de 2024, la autorización de licencia por seis meses y el nombramiento de la designada presidencial son fraudes a la Constitución, ya que la Carta Magna prohíbe la reelección inmediata.

La licencia otorgada por la Asamblea Legislativa oficialista a Nayib Bukele para que se separe de sus funciones administrativas por plazo de seis meses es más una “pantomima” que pretende darle legalidad a una candidatura que desde su origen es inconstitucional, enfatizan especialistas.

Según los argumentos del oficialismo, la licencia sería para solventar la inhabilitación para ser candidato a quien haya desempeñado la Presidencia los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial, como lo dicta el artículo 152 ordinal primero de la Constitución de la República.

Aunque es, justamente, ese mismo artículo el que inhabilita para ser candidato a quien haya desempeñado la Presidencia por más de seis meses, consecutivos o no, en el periodo inmediato anterior, y Bukele ha ejercido el cargo por cuatro años y medio.

“Vale la pena recordar que la razón principal para obtener la licencia de seis meses no es para dedicarse a hacer campaña. Lo que el régimen necesita es dar apariencia de legalidad a su asalto definitivo al poder y por ello quiso simular el cumplimiento de formalidades”, consideró el abogado José Marinero, del movimiento SUMAR.

El decreto aprobado la noche del jueves 30 de noviembre y que fue publicado en la edición digital del Diario Oficial de esa misma fecha, dice que la licencia es del 1 de diciembre de 2023 al 31 de mayo de 2024, en seguimiento a la resolución de la Sala de lo Constitucional que habilitó la candidatura a la reelección contrariando al menos seis artículos de la Constitución.

“En suma: no es para hacer campaña, sino porque quieren aparentar que están cumpliendo con formalidades para poder reelegirse. Pero lo único que están haciendo es darle un falso velo de legalidad a múltiples violaciones a la Constitución”,

ambién la abogada Ruth López señaló que el proceso está fuera de los marcos legales, pues la reelección no está permitida. “Todo lo que está ocurriendo es fuera del marco de la Constitución, por lo tanto, jurídicamente, desde la perspectiva formal, el presidente de la República está cometiendo un acto que está fuera del marco de la Constitución”, expresó.

“Él está aparentemente dejando el puesto, aunque materialmente seguirá decidiendo. El presidente comete un fraude a la Constitución. Y el vicepresidente también”,

Ruth López, abogada

La Constitución dicta en el artículo 155 que en defecto del Presidente “por muerte, renuncia, remoción u otra causa” lo sustituirá el Vicepresidente. Pero en este caso, Félix Ulloa también competirá por la reelección en el cargo de vicepresidente, por lo que también viola la Constitución.

“Lo único que puedo decir es que quieren hacer ver que están cumpliendo con la Constitución y por eso hacen la pantomima de la licencia y la designada. Pero creo yo que en efectos prácticos, no tienen ninguna repercusión. No es que ningún tribunal o se va a afectar alguna cuestión administrativa y financiera”, expresó Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana.

Con licencia o no, Bukele fue inscrito como candidato por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) el pasado 3 de noviembre aún siendo presidente, a pesar de no cumplir con el requisito legal.

De ahí que Escobar valoró “más un acto protocolar, un acto de mostrarle a la gente que sí se está cumpliendo con la Constitución” la petición de licencia, ya que se mantiene “el mismo vicio de la reelección”.

“Es una situación bastante irregular, lamentable, porque nos muestra por un lado que las leyes se acomodan a lo que conviene a quien tiene el poder. Y por el otro lado, podemos hacer con las leyes aquello que los que tienen el poder consideren más oportuno para su beneficio propio”, valoró Andreu Oliva, rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) en la entrevista de YSUCA del viernes.

Sin presidente

Algunos juristas coinciden en que existe un fraude a la Constitución en todo el proceso realizado y que eso repercute en que legalmente el país se ha quedado sin presidente.

“El Salvador, República moribunda y sin presidente ¿Sin presidente? Así es, ¡sin presidente!”, publicó el redes sociales el abogado constitucionalista Enrique Anaya.

Agregó que aunque la Asamblea nombró a Claudia Juana Rodríguez de Guevara como Designada presidencial, ella no fue juramentada como indica el artículo 235 de la Constitución ni fue llamada formalmente a ocupar la Presidencia.

“Así que, si la señora designada ejerce el cargo de hecho, será una usurpadora, y no una presidenta en funciones. Y lo digo en serio, no en términos novelescos de Televisa. El Salvador no tiene presidente”,

Enrique Anaya, abogado constitucionalista

También Marinero opina que tanto Bukele como Ulloa abandonaron “de hecho” el cargo y el motivo de irse a campaña electoral para buscar la reelección no está dentro de las causas permitidas para depositar el cargo en la figura de Designado presidencial.

“Así que esta señora estaría usurpando un cargo de elección popular. Aunque formalmente no puede sustituir al presidente ni al vicepresidencia, de facto terminará firmando, ejerciendo funciones presidenciales porque así se lo ha “autorizado” la licencia inconstitucional y su designación”, expuso.

En este aspecto difiere la opinión de la abogada López, quien expresó que el presidente no puede apartarse del cargo y seguiría en el mismo pese a todo el proceso realizado en la Asamblea.

“Hay presidente, el presidente que la población legítimamente eligió en 2019. Él no puede apartarse de su cargo, su actuación es inconstitucional”, dijo López.

Seguirá dando órdenes

Para el rector de la UCA es evidente que se nombró como Designada a una persona del círculo de confianza del presidente y que él seguiría dando las órdenes.

“Por tanto, lo que esta persona hará es seguir las instrucciones que reciba del presidente que está en estos momentos con un permiso”, manifestó Oliva.

Agregó que se trata de un proceso irregular que no garantiza la equidad en la contienda electoral de 2024. “Porque puede influir muchísimo el hecho de que mantenga las prerrogativas como presidente y que el gobierno esté apoyando su candidatura”, señaló.

“Todo esto sí tiene un carácter irregular y no garantiza ni la equidad en el proceso electoral, porque puede influir muchísimo el hecho de que mantenga las prerrogativas como presidente”,

Y es que el mismo decreto aprobado por el oficialismo y que fue enviado por el Secretario Jurídico de la Presidencia, Conan Tonatiú Castro en nombre de Bukele y Ulloa, establece que “mantendrán las medidas administrativas que el cargo exige”, como continuar con el servicio de seguridad “propio de su cargo”, la disposición y uso del batallón presidencial, “y todas aquellas prerrogativas propias que se encuentren orientadas a su protección física”.

El uso de recursos públicos para promover la imagen de Bukele es otra ilegalidad señalada, como el uso de cadenas nacionales de radio y televisión para inaugurar obras o anunciar nuevas, como fue el caso de la Biblioteca Nacional de El Salvador, el centro médico en la Isla Tasajera, la última reunión del consejo de ministros y el estadio.

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