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El mandatario solicita a la Suprema Corte que esclarezca la medida y su presidente, Arturo Zaldívar, defiende la autonomía de los jueces

Andrés Manuel López Obrador dio este lunes un paso más en su defensa de la reforma eléctrica que cruza la frontera de la interferencia en las decisiones judiciales. El presidente de México envió una carta al ministro de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura, Arturo Zaldívar, para solicitar formalmente una investigación del juez que la semana pasada suspendió temporalmente la aplicación de la nueva ley que regula la distribución de electricidad. La decisión de Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia Administrativa, se dio horas después de que la reforma entrara en vigor al admitir el recurso de un parque fotovoltaico. López Obrador quiere demostrar que no está dispuesto a ceder en un asunto que considera político antes que jurídico y decidió retar al Poder Judicial.
El presidente leyó el escrito remitido a Zaldívar durante su conferencia de prensa matutina. “De manera respetuosa y en observancia al principio de separación de poderes, le solicito que el Consejo que usted preside determine e informe si a la autoridad judicial mencionada le correspondía o no aplicar de manera oficiosa a quienes no lo solicitaron y si es de su competencia o no resolver sobre este caso”, reza la carta, que va más allá y reclama una indagación de la actuación del juez. “Asimismo, y si mi petición es legalmente procedente, solicito que el Consejo de la Judicatura lleve a cabo una investigación para esclarecer la actuación del juez Gómez Fierro en este episodio”, continúa.

Zaldívar contestó horas después a través de una comunicación que también hizo pública. Su respuesta es institucional: toma nota de la petición e informa de que la remitirá al área correspondiente del Consejo de la Judicatura. De existir elementos para ello, agrega, el órgano abrirá una investigación. Al mismo tiempo, el presidente de la Corte reivindica la independencia de la justicia y hace de su mensaje un aviso en sí mismo. “Como usted sabe, es presupuesto de la democracia y del Estado de derecho que juezas y jueces puedan actuar en un marco de autonomía. […] Seguiremos cumpliendo con esta encomienda”. Zaldívar ya se había pronunciado sobre el caso este fin de semana. Sus palabras, difundidas en las redes sociales, sonaban a respuesta anticipada y dejaban clara su oposición a las intromisiones del poder político. “Las y los jueces federales actúan con independencia y autonomía. El Consejo de la Judicatura Federal garantiza que puedan ejercer su función con absoluta libertad. Sus fallos pueden ser recurridos, pero siempre respetados bajo la óptica de la independencia judicial”, afirmó.

Para el mandatario, que hizo de la reforma eléctrica una apuesta personal, es todo parte de una batalla política. Es político el fortalecimiento de una empresa del Estado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), frente a la iniciativa privada, el fondo de la nueva ley. Y es una trinchera política también su defensa. El mismo López Obrador lo reconoció durante su comparecencia. “No es solo lo jurídico, es lo político”, ha dicho. Y ha agregado que “antes estos asuntos no trascendían”, pero que los gobernantes siempre interfirieron en los tribunales.

La misiva contiene una profunda carga ideológica en la que a costa de reiterar su mensaje de ruptura con el pasado, el presidente acaba arremetiendo contra empresas, empresarios, el exministro de la Corte José Ramón Cossío, columnista de este periódico, o Claudio X. González, fundador de la organización Mexicanos contra la Corrupción. Acusa a la prensa de estar detrás de los que llama “intereses corporativos”. Y formula graves acusaciones sin aportar evidencias.

“No omito manifestarle que alrededor de este asunto actúan personas, organizaciones y empresas afines al antiguo régimen”, escribe López Obrador, “que en función de sus conocidos intereses económicos y políticos tenían como modus operandi la corrupción y el influyentismo, con lo que han afectado gravemente la hacienda pública y la economía de la mayoría de los mexicanos, en especial de los más pobres. Me refiero, entre otros, a empresas eléctricas extranjeras como Iberdrola de España, que incorporó a su nómina a una antigua secretaria de Energía del Gobierno Federal y al mismísimo expresidente de México, Felipe Calderón. Esta clase de intereses corporativos, que cuentan con el apoyo de la prensa pro empresarial nacional y extranjera, ha conformado un llamado buró jurídico para oponerse a las obras, acciones y políticas que hemos emprendido para la transformación del país”. El exmandatario, que gobernó entre 2006 y 2012, criticó el que considera un “talante autoritario del Gobierno”. “El Poder Judicial debe resistir y crecerse ante la amenaza, si sus integrantes quieren pasar dignamente a la historia”, escribió en Twitter.

El principal argumento de defensa de la reforma eléctrica que da la prioridad del suministro a la CFE es la bajada de la factura de la luz para los consumidores. Será así porque esa parte del suministro contará con subvenciones, sin embargo, el nuevo esquema de distribución energética tendrá un preocupante impacto económico y ambiental, según llevan meses denunciando decenas de expertos y analistas. Pero esta ley es ahora también una munición del Gobierno, de alguna manera el epítome de su ideario, en plena campaña electoral de las elecciones federales y locales del 6 de junio.

En este contexto, López Obrador no duda en cargar contra los que considera sus adversarios. La carta emplea apelativos ofensivos y hace referencia a un “agrupamiento conservador y reaccionario”. Entre los nombres que aparecen en el escrito figura Claudio X. González, a quien el mandatario llama “pseudo defensor de la sociedad civil, pero en realidad beneficiario, junto con su familia, de la política de privatización impuesta desde el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari”. También señala al exministro de la Suprema Corte José Ramón Cossío, quien manifestó su inquietud por los ataques: “Escuché lo que el presidente dijo en su conferencia mañanera. Me preocupan sus afirmaciones descontextualizadas y parciales sobre mi persona. Pero más aún su incomprensión del Estado de derecho. Los jueces son los garantes finales de la Constitución”. Además, Cossío apoyó la consulta energética de López Obrador cuando este estaba en la oposición. En su opinión, en cualquier caso, el verdadero problema es otro. “Estamos asistiendo a una disputa para saber qué tanto el presidente va a aceptar las decisiones judiciales”, señala. Y la misiva es el primer paso de esa disputa.

El mandatario, que volvió a arremeter abiertamente contra EL PAÍS, afirmó que el propósito de la carta es generar debate. Sin embargo, el gesto le costó las críticas prácticamente unánimes de los juristas. Busca aparentar un equilibrio entre el respeto a la independencia de los jueces y los reclamos del Gobierno a la justicia, pero López Obrador llega a escribir que “sería lamentable que después de todo el daño que la oligarquía ha causado al país sigamos permitiendo el abuso y la prepotencia bajo la excusa del Estado de derecho”. Y al considerarlo una “excusa”, anuncia que no renunciará a ejercer sus “facultades como presidente” y “libertades como ciudadano”.

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