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Un nuevo grupo formado por ultraderechistas de carácter autoritario influye de manera directa en las decisiones del presidente de Perú, que da marcha atrás al decreto de emergencia horas después de anunciarlo

El acceso a Pedro Castillo se ha convertido en un asunto de Estado. Tener la puerta abierta del despacho del presidente de Perú, sentarse en la silla frente a su escritorio y explicar su visión del país al profesor que daba clase a niños en los Andes es un privilegio que quien lo tiene lo guarda y lo esconde con celo, por miedo a que se lo arrebaten. A menudo los propios ministros tienen problemas para llegar hasta él, y se han acostumbrado a que los deje en visto y sin respuesta en WhatsApp. Su decisión de no dejar salir a la calle a los ciudadanos de Lima para tratar de frenar las protestas por el alza de precios tiene la firma de la gente que le rodea en este momento: ultraderechistas de carácter autoritario, gente propensa a creer en las conspiraciones, un rasgo que encaja con la personalidad de Castillo.

Esta no ha sido la primera ocasión en la que Castillo pensó en aplicar el estado de emergencia. En noviembre del año pasado, según una fuente contó a EL PAÍS en un reportaje, Castillo quiso llevarlo a cabo. La oposición había convocado una marcha en la capital para promover su destitución. Le dijo a su gente de confianza que tenía informantes en provincia y que venían muchos autobuses, que iba a ser una manifestación gigantesca. “¿Cómo vamos a sacar los militares a la calle? Esto no es Centroamérica”, le cuestionó su número dos en ese momento, Mirtha Vásquez, una política serena y sensata. Otros ministros, sin embargo, creyeron que era una buena idea. Horas después, el presidente desistió del plan. La marcha fue del tamaño de una reunión de amigos, no tuvo apenas repercusión. “¿Ve presidente? No era nada”, le escribieron por chat.

Ahora ha apretado ese botón, rodeado de un entorno distinto. Sobre las 17.30 de este martes lo dejó sin efecto, pero Perú no se ha recuperado todavía del shock. Esto dice un editorial del periódico El Comercio: “Es un atropello al Estado de derecho y a las libertades individuales, y se trata de un claro intento por obstaculizar el derecho a la protesta que asiste a todo ciudadano”. Sorprende una decisión así de un presidente que, hasta hace nada, era la cabeza visible de un sindicato de profesores que a menudo organizaba manifestaciones para reivindicar sus derechos laborales. Ahora Castillo está del otro lado. La actitud de su Gobierno respecto a las protestas de los últimos siete días se ha movido entre dos extremos, desdeñarlas o agrandarlas. El Ministro de Interior, el policía en retiro Alfonso Chávarry, dijo el domingo que los agentes del orden actuaron “con tino para evitar el costo social”.

A esas alturas, un joven llamado Ervin Romero Corilloclla ya había perdido un ojo y un adolescente que huía de las cargas policiales murió ahogado en un río. No sabía nadar. El padre del muchacho culpa a los agentes de lo ocurrido. Otro joven de 18 años, Alexander Trujillo Nolasco, murió por la tarde por un disparo de la policía a la altura del oído durante las protestas de agricultores y transportistas en la región Huánuco.

El ministro de Defensa, José Gavidia, contralmirante en retiro de la Marina, denunciado por violencia psicológica por su esposa, pertenece a su grupo que ahora asesora de manera directa al presidente. Dijo el lunes sobre las muertes: “Son cuatro, no ha habido nada más”. Algo ocurrió en las siguientes 12 horas para pasar de minimizar los hechos a declarar el estado de emergencia. Y quizá tenga que ver con los rumores. El lunes, en Lima circularon en WhatsApp y Twitter vídeos y fotos registrados en otra época de autobuses incendiados o violentados por vándalos, y rumores de saqueos. Un vídeo de un asalto a un supermercado de otra región fue incluso difundido como si fuera de Lima. La élite clasista y racista se lo creyó de inmediato. Un congresista, Jorge Montoya, dio veracidad a este rumor y aseguró que existía información de inteligencia de que las personas que viven en los cerros, la parte más pobre de la ciudad, bajarían a la capital a saquear.

En Palacio había calado esa misma idea. Ahora el ambiente allí es distinto después de varias crisis políticas. En marzo, varios funcionarios perdieron peso en favor de los recién llegados. Fuentes con conocimiento de lo que ocurre dentro indican que el nuevo secretario general de la presidencia, Jorge Ricardo Alva, niega audiencias a personas que solicitan reunión, a diferencia de los anteriores en el cargo. Por otro lado, una nueva encargada de prensa es Cristina Boyd Jara, una comunicadora con formación en inteligencia en la Marina, que tenía un canal en Youtube donde charlaba sobre conspiración y estrategia. La funcionaria ha reclutado para su equipo a un conocido operador fujimorista.

Acabado el toque de queda, algunos manifestantes tomaron las calles. Provocaron altercados en el centro de Lima y atacaron la sede del poder judicial. Los colegios suspendieron sus clases para mañana por el temor a que haya nuevos incidentes. “Este no es un Gobierno represor ni dictador”, salió a decir el ministro de Cultura, Alejandro Salas.

En febrero, dos ministros que renunciaron —la ex primera ministra Vásquez y el titular del Interior, Avelino Guillén— denunciaron que el presidente casi no despachaba con ellos, les daba largas, y prestaba más atención a sus consejeros, que eran conocidos como el gabinete en la sombra. Las veces que los recibía, explicaron los dos ministros, acordaba algo con ellos, pero después, al hablar con esos asesores plenipotenciarios, cambiaba de opinión. “A Castillo se le llena la boca con el pueblo, pero no hace nada por él”, dijo Guillén cuando se fue dando un portazo, en una entrevista.

El gabinete en la sombra ha sido relevado. Un nuevo asesor del presidente es Henry Shimabukuro, un empresario cercano a los hijos de Alberto Fujimori, quienes hace algunos años le encargaron una obra en un terreno de su empresa y no le pagaron. Shimabukuro ha sido contratado por la Dirección Nacional de Inteligencia, pero está destacado en Palacio de Gobierno y desde hace un par de meses actúa en la práctica como consejero. Fuentes que estuvieron al tanto de la preparación del mensaje que leyó Castillo para informar de la prohibición de salir a la calle, indican que el texto lo redactaron Castillo, Shimabukuro, Boyd, y la secretaria del jefe de Estado. Los conspiranoicos han tomado Palacio.

EL PAÍS