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A pesar de que este febrero es bisiesto y tiene 29 días, algo que solo ocurre una vez cada cuatro años, todo apunta a que al partido oficialista Movimiento Semilla no le dará tiempo en lo que resta del mes —ni siquiera con ese día extra— para posicionarse como bancada en el Congreso de Guatemala, presidir comisiones de trabajo y ser un apoyo más para el nuevo presidente del país, Bernardo Arévalo. Esto porque sigue suspendido como partido, lo que no permite a sus diputados ser reconocidos como bloque y los obliga a ocupar sus curules como ‘independientes’.

Semilla, que llevó al poder en agosto del año pasado a Arévalo, logró 23 escaños de los 160 que forman el parlamento para el periodo 2024-2028. Esta es su segunda legislatura pues la organización, creada en 2018, colocó solo a siete diputados en 2020. Ahora conforman por número la tercera fuerza en el Congreso, pero desde julio libran una batalla legal que al parecer van perdiendo.

“Hay cosas que no podemos hacer como diputados rasos. Nos dejan incluso sin herramientas de fiscalización y de intermediación porque no tenemos una jefatura de bloque. Nos hace pedazos, reconoce, en declaraciones a EL PAÍS, la diputada de Semilla, Andrea Reyes. “Hemos estado dando vueltas en círculos en el juzgado desde el 15 de julio”.

La suspensión provisional del partido inició el 12 de julio de 2023, dos semanas después de la victoria de Semilla en las urnas. La medida fue solicitada por el Ministerio Público (MP) y autorizada por el juez penal incluido en la lista de actores corruptos de Estados Unidos, lista Engel, Fredy Orellana, y a la fecha se mantiene vigente gracias a los fallos de la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima corte del país.

La medida se tomó porque, según el MP, Semilla utilizó firmas falsas para la creación del partido, lo que generó una investigación que continúa bajo reserva y a cargo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad.

“No tenemos capacidad para fiscalizar”

“No tenemos esa junta directiva que necesita el Gobierno para poder vivir tranquilo. Varios ministros nos han dicho que necesitan mucha ayuda con la fiscalización porque ha quedado mucho resabio del Gobierno anterior y no tenemos capacidad para hacer eso”, agregó la diputada Reyes.

La lucha legal por aislar al partido de Gobierno era algo que ya preveía tanto Arévalo, quien lo dijo en entrevistas previas con varios medios, como por sus diputados que, desde su victoria electoral, comenzaron a plantear recursos contra la suspensión. Para la toma de posesión del pasado 14 de enero, los parlamentarios modificaron el acuerdo que los tenía en suspenso y lograron ser juramentados como bancada y presidir la junta directiva del Legislativo. La jugada funcionó, pero duró menos de una semana.

El panorama cambió cuando la CC les ordenó repetir la elección de junta directiva, donde Samuel Pérez, diputado de Semilla, había quedado como presidente. Luego el tribunal reiteró la suspensión del partido.

“El partido VAMOS y la UNE (Unidad Nacional de la Esperanza) lideran las comisiones de trabajo, por lo que yo no creo que este año se pueda hacer realmente algo a nivel del Legislativo y, por lo tanto, creo que a nivel del Ejecutivo también los logros van a ser limitados”, opinó Luis Mack, analista político.

Difícil panorama

La diputada Reyes dijo que la suspensión provisional tiene un año de vigencia, por lo que terminaría en julio, aunque van a continuar defendiéndose legalmente. Sin embargo, el tiempo para integrar las cuatro comisiones de trabajo que falta elegir y en las que quisieran estar vence el 29 de febrero y, si para entonces no logran figurar como bancada, perderán la oportunidad hasta 2025.

“Yo le llamaría a esto el despertar a la realidad de un país que al final de cuentas es más fácil ganar que gobernar, y el Gobierno del partido Semilla todavía está en veremos. Lo que les toca es convivir con esa amenaza con ese sector que los ha querido detener”, añadió Mack.

Por su parte, Edgar Ortiz, abogado experto en derecho constitucional, explicó a EL PAÍS que “los tiempos no son favorables” para Semilla, pero que tienen al menos tres caminos que podrían escoger. Uno, derogar o cambiar Ley de Delincuencia Organizada, lo que lograría que les retiren la suspensión; dos, cambiar la ley del Congreso y permitir a los diputados independientes formar bloques; y tres, esperar que el juez Orellana resuelva la inconstitucionalidad que plantearon en su contra.

“La suspensión no es eterna, aunque se podría prorrogar, pero pueden accionar con amparos y sí tienen herramientas a mediano plazo para revertir esa suspensión”, añade Ortiz. Por ahora, “van a perder la comisión de Finanzas, que es la más importante para ellos. Eso les va a dar un manejo del Presupuesto [general de la Nación] no tan activo como hubiéramos querido ver”, comentó Ortiz. El abogado también ha presentado amparos en este caso en defensa de Semilla, pero han sido rechazados.

Según Reyes, después que la CC ordenó repetir la elección de junta directiva, el partido intentó otra vez ser reconocido como bancada, pero no consiguieron los votos porque el MP y la CC “amenazaron” a los diputados de los otros partidos. “Empezaron las llamadas que venían del número de la CC, así de descarado, que ya no permitió que avanzara el conocimiento de la bancada como bancada. Les dijeron que les iban a caer antejuicios y que de esos antejuicios no iban a salir tan fácil porque con Semilla no podían estar operando”, finalizó.

EL PAÍS