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El presidente venezolano exige también “el reconocimiento pleno de la Asamblea Nacional y los poderes del país y la devolución de cuentas bancarias a Petróleos de Venezuela”

Aunque las protestas han amainado en algunas de las principales ciudades de Colombia, casi un mes después la calle le mantiene el pulso al Gobierno de Iván Duque. Mientras el Ejecutivo y el comité del paro avanzan con lentitud para establecer una mesa de negociación, miles de personas siguen movilizándose como parte de unas protestas inéditas, de las más largas de los últimos años. En Bogotá, la mañana fue para los maestros que salieron en medio de un ambiente festivo rumbo a la Plaza de Bolívar, en el centro de la capital; en la tarde, cerca de 300 personas se congregaron en el monumento a Los Héroes, que se ha convertido en uno de los puntos más emblemáticos en este ciclo de movilizaciones, principalmente entre los jóvenes, que en otras jornadas han acudido por miles en una auténtica marea humana.

En un ambiente distendido, algunos manifestantes pegaban carteles en el podio vacío de la estatua del libertador Simón Bolívar que han intentado derribar y la alcaldía decidió retirar el fin de semana por el riesgo estructural. “Esperábamos que estuviera grande, hoy no hay tanta gente”, concede al atardecer Sofía López, una estudiante de 20 años que ha salido a las calles desde el 28 de abril. Apunta que quizás el viernes, cuando se cumple un mes del paro nacional, las convocatorias vuelvan a tomar vuelo. “Me afectan las muertes y los abusos policiales. Algo que me gustaría conseguir con las marchas es una reforma de la policía”, señala mientras parte, con una bandera de Colombia en la mano, a otro punto de la ciudad.

Iván Duque, en una captura de pantalla de la entrevista en la que culpa a Gustavo Petro de las protestas en Colombia.
Duque intenta cambiar la narrativa y culpa a Petro de las protestas en Colombia
Pero en las regiones del Pacífico colombiano que aún son escenario de protestas, se siguen presentando desmanes y bloqueos de carreteras. La noche del martes, las llamas acabaron con el Palacio de Justicia de Tuluá, una ciudad del departamento del Valle del Cauca, en uno de varios actos de vandalismo denunciados por el alcalde. En medio de los disturbios y enfrentamientos con la fuerza pública murió un estudiante de derecho. La sede de la alcaldía de Jamundí ya había ardido, y Cali, la capital departamental, ha sido epicentro de los episodios de violencia. Allí, miles de personas irritadas por el paro nacional hicieron la víspera una “marcha del silencio”, una suerte de contraprotesta con el objetivo de pedir que cesen los bloqueos de carreteras que tienen en jaque a la economía regional.

También fue en el Valle del Cauca, en la vía entre Cali y el puerto de Buenaventura, donde murió el domingo un bebé a bordo de una ambulancia detenida en las manifestaciones, lo que avivó las críticas contra los bloqueos y las denuncias de ataques a los trabajadores médicos. La carga se sigue acumulando en el principal puerto colombiano sobre el Pacífico, y el propio Duque acudió esta semana a Buenaventura para prometer un corredor logístico que permita mover la mercancía al centro y el sur del país. Y en Popayán, la capital del vecino departamento del Cauca, también se han presentado algunos de los enfrentamientos más graves, y de los peores episodios de uso excesivo de la fuerza, después de que una joven denunció la agresión sexual de varios policías y aparentemente se suicidó.

Las abundantes imágenes de brutalidad policial en distintos lugares de Colombia han puesto contra las cuerdas al ministro de Defensa, Diego Molano, que esta semana ha enfrentado sendos debates de moción de censura en el Congreso. La crisis ya se ha cobrado la cabeza de otros miembros del Gabinete: el ministro de Hacienda que diseñó la fallida reforma tributaria que abrió la caja de los truenos y la canciller que no supo responder a las crecientes críticas externas a la represión de las protestas. El Senado se prepara para votar este jueves sobre Molano, aunque parece improbable que la oposición consiga los suficientes apoyos para destituir al funcionario que se ha convertido en otro blanco de la ira ciudadana.

“Yo soy maestra de jóvenes, y me duele en el alma que me los están matando”, asegura Norma Ramírez, una profesora de biología de 40 años, mientras marcha este miércoles en la emblemática carrera séptima de Bogotá. “El pueblo pide comida y Duque responde con balas. ¡Fuera Molano! ¡Desmonte el Esmad ya!”, reza su cartel, popular entre los marchantes, en referencia al Escuadrón Móvil Antidisturbios de la policía. “Hay que cambiar unas políticas que vienen desde hace muchos años, pero la salida de Molano sí podría de alguna manera calmar los ánimos de los jóvenes en las calles”, valora.

Por su parte, el Gobierno y el comité nacional del paro avanzan con lentitud en sus acercamientos. El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, quien acaba de renunciar a su cargo, aseguró que trabajaron en un documento de preacuerdo para encaminarse a una negociación. Sin embargo, aún analizan el texto. “No hemos avanzado en la instalación de una mesa de negociación. Los bloqueos siguen siendo un gran obstáculo que hay para el acceso a alimentos, medicamentos y para que se permita el ejercicio pleno de los derechos fundamentales”, dijo Ceballos, quien trabajó hasta el martes aunque seguirá acompañando los diálogos. Ha sido relevado como una suerte de líder negociador por el consejero presidencial para la Estabilización (antes Posconflicto), Emilio Archila. El comité del paro ha exigido como pasos iniciales garantías para la movilización, que cese la represión, que el presidente condene abiertamente la violencia policial y que permita la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mientras ellos continúan sus encuentros, ya se convoca a nuevas movilizaciones en las calles de todo el país.

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