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El lunes 12 de enero, poco más de una semana después de la operación militar estadounidense que arrestó a Nicolás Maduro y estremeció a Caracas, los niños de Venezuela regresaron a la escuela tras el asueto navideño. De lo ocurrido en aquella madrugada irreal del 3 de enero no se habló mucho en las aulas, pero sí ha sido un tema recurrente durante los recreos. Los adolescentes venezolanos ya tienen claro que pueden meterse en problemas por hablar de más: en los últimos meses, varios han sido llevados a la cárcel acusados de terrorismo.

La nueva normalidad en Venezuela encierra una paradoja impuesta por las circunstancias. La captura de Nicolás Maduro, el hombre más poderoso del país, en una operación comando estadounidense digna de un guion de Hollywood, ha provocado asombro en todo el mundo y abierto un capítulo del que se hablará durante décadas. Sin embargo, dentro de Venezuela el acontecimiento queda en suspenso. No es momento de análisis ni de debates sobre responsabilidades: la consigna es el silencio, la cautela y el regreso a las rutinas básicas para garantizar la subsistencia diaria.

Sobre esta paradoja, aunque pueda resultar extraño, existe un consenso tácito tanto entre los jerarcas del régimen como en la población. El chavismo —un movimiento herido, pero consciente de que no puede agravar sus tensiones con Washington— necesita proyectar la idea de que mantiene el control político y territorial del país. La sociedad venezolana, por su parte, descontenta y exhausta, aguarda mientras enfrenta urgencias económicas y arrastra un largo historial de contingencias, represión y carencias tras años de crisis. La normalidad se impone así como un punto de encuentro forzado.

Tras unas primeras horas de compras nerviosas y filas en los supermercados, el abastecimiento de productos se ha normalizado por completo, al igual que el suministro de gasolina. Los cuerpos de seguridad del Estado están apostados en las cabeceras de los cinco municipios del área metropolitana, instalando alcabalas, revisando el aspecto de las personas e inspeccionando automóviles y teléfonos celulares en busca de material considerado subversivo. Una afirmación destemplada sobre el destino de Maduro en una conversación privada puede ser motivo suficiente para un arresto.

Cada día, a las nueve de la noche, la policía política y los funcionarios de contrainteligencia militar se adueñan de la ciudad. Muchos ciudadanos los ignoran y permanecen indiferentes ante lo que ocurre, pero las calles han vuelto a adquirir, como en otras crisis pasadas, un aspecto fantasmal al filo de la medianoche. Cada mañana, al salir a trabajar, la gente se informa por chats de WhatsApp sobre la ubicación de las alcabalas para tratar de evitarlas.

“He rodado mucho por la ciudad en estos días, resolviendo asuntos personales antes de que empiece el trabajo”, cuenta Enrique Camero, profesor de música y residente de la urbanización Los Caobos. “La gente se está comportando como si no hubiera pasado nada. Tiendas abiertas, personas comprando en una ferretería, un tipo reparando un carro en la calle, la junta de condominio de mi edificio deliberando sobre una mano de pintura que necesita el inmueble”, explica.

El llamado a esa “normalidad” lo hizo el propio ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, uno de los pilares del régimen chavista, apenas un día después de la captura de Maduro. El general manifestó el respaldo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y pidió a la población que retomara “sus actividades normales, laborales y educativas” en los días siguientes. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, hizo un llamado similar poco después.

La militancia chavista ha salido en varias ocasiones a manifestarse para exigir el regreso de Maduro, condenar la agresión y denunciar al imperialismo estadounidense. En un momento especialmente delicado, el oficialismo está empeñado en no “perder la calle”, como suelen admitir en privado muchos de sus dirigentes. Las concentraciones a favor del Gobierno suelen ocupar avenidas del centro y del oeste de la ciudad, reforzadas por enjambres de motorizados que buscan amplificar cada convocatoria. Los medios estatales transmiten disciplinadamente estas movilizaciones, que se reproducen también en el interior del país. En cada protesta hay personas genuinamente indignadas, pero la asistencia se exige a toda la administración pública, sin margen para la indiferencia. Pese al despliegue, se trata de concentraciones relativamente modestas, muy lejos de los tiempos de arrastre popular del chavismo.

“Trabajo desde las seis de la mañana hasta las diez de la noche, de lunes a viernes, y algunos sábados”, cuenta Jairo, taxista que pide que no se publique su verdadero nombre por miedo a represalias. “Aquí se monta gente de todos los estratos sociales. Apenas agarran confianza, comienzan a hablar de Maduro, a chismear de política para tratar de enterarse de algo. No he visto a nadie molesto. Más bien todo el mundo está intrigado”.

En el plano interno, Delcy Rodríguez, la presidenta encargada, hace lo necesario para dejar claro que el régimen sigue en pie y que el legado de Nicolás Maduro permanece. Las gestiones para procurar su liberación encabezan la agenda cotidiana del chavismo. En las calles empiezan a aparecer grafitis pidiendo su excarcelación. Al mismo tiempo, el régimen acusa el impacto del golpe propinado por Estados Unidos y ofrece nuevas concesiones “unilaterales”, como ha señalado Jorge Rodríguez al referirse a la liberación de presos, con el objetivo de aliviar la presión internacional.

El tono de la dirigencia chavista es ahora menos altanero. Se multiplican los llamados a la serenidad. Diosdado Cabello, el más radical de los dirigentes oficialistas, justificó la reanudación de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos afirmando que les permitirá “tener canales para trabajar por la liberación de Nicolás y Cilia”. En el último anuncio oficial se informó de la excarcelación de cerca de 400 presos políticos desde diciembre, entre ellos, según se ha sabido este miércoles, varios periodistas.

En paralelo, continúan los arrestos. Tras el ataque estadounidense, 16 jóvenes fueron detenidos en la ciudad de Barcelona, en el oriente del país, acusados de terrorismo por celebrar en las calles la captura de Maduro. Fueron liberados tres días después, tras una súplica sostenida de familiares y allegados. Desde el desenlace de las elecciones presidenciales de 2024, el miedo a expresar opiniones libremente se ha asentado de forma definitiva entre la gente común. Ahora el temor es mayor porque el decreto de “conmoción” en vigor desde el pasado 3 de enero promueve detenciones ante cualquier signo de alegría o de protesta.

“Ya hemos protestado mucho, aquí hay mucha gente que ha visto el demonio con la represión”, dice Henry Sáez, contador que también pide anonimato. “Ya no hay nada más que hacer sino esperar. ¿Qué puede hacer la gente si por cualquier cosa que digas te pueden meter preso?”, se pregunta. “Vamos a esperar. Yo creo que aquí van a seguir pasando cosas”.

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