BLOG

El país tiene, junto a Cuba, la mayor cantidad de prisioneros de conciencia de Latinoamérica. Pese a las excarcelaciones pactadas con EE UU, las detenciones arbitrarias están a la orden del día

El político de Voluntad Popular Freddy Superlano cumplió la semana pasada un año en prisión sin ver ni hablar con su familia. Fue uno de los primeros opositores detenidos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, Desde entonces, el número no parado de crecer y se ha vuelto a disparar en las últimas semanas, hasta 853, según la ONG Foro Penal. Los arrestos han continuado en medio de las negociaciones entre Washington y Caracas que han permitido excarcelar a algunas decenas de opositores a cambio de la entrega de 10 prisioneros estadounidenses y el regreso a Venezuela de migrantes venezolanos deportados por la Administración de Donald Trump y encerrados en El Salvador.

Aurora de Superlano, la esposa, toma como fe de vida la ropa sucia que cada semana retira del Helicoide. Es lo que los familiares de los presos llaman cotidianamente “la paquetería”: medicinas, ropa limpia, productos de aseo y alguna comida que pueden enviarles. En ese trámite, es cuando pueden indagar, si el funcionario de turno quiere decirles, si el preso se encuentra bien. “Le hago llegar sus cosas y espero que se las entreguen. A mí me devuelven ropa sucia”.

Ella también se hace idea de cómo está su esposo con lo que le cuentan los familiares de los detenidos que sí reciben visitas. “Freddy está sometido a aislamiento prolongado”, afirma que cada 15 días se desplaza desde Barinas, donde viven, hasta Caracas, donde está preso su esposo; dos ciudades a 500 kilómetros de distancia. “Hace unos meses, los familiares de otros presos me decían que podían verlo cuando entraban. Pero ahora no se nada, está completamente aislado. Tengo un año sin verlo ni hablar con él y en las últimas semanas le he tenido aclarar a las niñas [las hijas más pequeñas del dirigente de 7 y 4 años] que su papá está vivo, porque no entienden que ya ha pasado un año y no han podido verlo”.

Los familiares de los presos políticos denuncian que al menos 16 de los que están recluidos en el Helicoide están sometidos a aislamiento prolongado. Entre los que se cuentan los exdiputados Biaggio Pillieri y Américo De Grazia; el abogado de María Corina Machado, Perkins Rocha; el ex gobernador Alfredo Díaz, y jóvenes dirigentes vinculados a la campaña presidencial de Edmundo González como Luis Palocz y Jesús Armas. Esta semana, una protesta en redes sociales, expuso la situación con la etiqueta #ElAislamientoEsTortura.

Las denuncias también han tenido eco desde otros sectores. Hace poco, el Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford emitió un comunicado exigiendo la liberación del dirigente político Jesús Armas, becario de esta institución y activista de derechos humanos. Cercano al comando de Machado entre 2023 y 2024, Armas está preso desde hace siete meses bajo acusaciones de conspiración y terrorismo. “Jesús es un dedicado servidor público, ingeniero y líder cívico que ha dedicado su vida a promover los valores democráticos, mejorar los servicios públicos y defender la dignidad del pueblo venezolano”, dice el texto de Stanford. “Como presidente de la ONG Ciudadanía Sin Límites, ha implementado iniciativas impactantes para mejorar el acceso al agua, la política energética y la transparencia en las comunidades más vulnerables de Caracas”.

Con Armas, Superlano y los demás dirigentes, la ONG Foro Penal —dedicada a su defensa— registra al cierre de julio 853 presos políticos (759 hombres y 94 mujeres, 46 en paradero desconocido) en Venezuela, país que, junto a Cuba, tiene la cifra más alta de América Latina. Entre los centenares de activistas y figuras públicas detenidas arbitrariamente también están el excandidato presidencial Enrique Márquez, los políticos Enzo Scarano, Leocenis García, el empresario Noel Álvarez; los miembros del equipo de Machado Henri Alviárez y Dignora Hernández; los activistas civiles Javier Tarazona, Gorka Carnevalli, Eduardo Torres y Rocío San Miguel, y los periodistas Roland Carreño y Carlos Julio Rojas, que ya han estado presos antes.

Entre el 1 de enero y el 27 de julio de 2024, en la previa a las presidenciales, 181 dirigentes de la oposición venezolana fueron arrestados bajo acusaciones de terrorismo. Con ese saldo, los opositores salieron a votar el 28 de julio pasado. Llegaron a ser más de mil 900 luego del desenlace de los comicios en las cuales Nicolás Maduro fue declarado reelecto presidente en medio de enfurecidas protestas en todo el país. A finales de 2024, el castigo de algunos de los prisioneros fue modificado con medidas cautelares sustitutivas.

Detenciones y negociaciones

Luego de los recientes acuerdos entre los Gobiernos de Trump y Nicolás Maduro —que hicieron posible la repatriación de 252 ciudadanos venezolanos deportados desde Estados Unidos hacia El Salvador a cambio de la liberación de los 10 ciudadanos estadounidenses presos en el país—, el régimen venezolano ha anunciado la liberación de 80 prisioneros, una medida que está en ejecución todavía.

Foro Penal ha constatado la excarcelación de 66, pero a la par que siguen ocurriendo detenciones. Según el partido de María Corina Machado, Vente Venezuela, en las últimas dos semanas, alrededor de 20 críticos han sido detenidos. Algunos ya han sido liberados.

Human Rights Watch (HRW) ha advertido de un patrón que se repite desde otras negociaciones en las que se han excarcelado opositores. “El Gobierno de Maduro lleva años aplicando un patrón de ‘puerta giratoria”, afirmó su directora Juanita Goebertus. “Los gobiernos extranjeros, incluyendo el de Estados Unidos, deben entender esta manipulación del gobierno venezolano, que libera a algunos presos políticos mientras detiene a otros y consolida su régimen autoritario”. Reiteró que los gobiernos que mantienen relaciones con Maduro “no deberían conformarse con liberaciones aisladas de presos”. HRW exhorta a la comunidad internacional a “exigir mejoras sustanciales y duraderas en materia de derechos humanos para desmantelar la maquinaria de terror estatal en el país”.

Uno de los casos más recientes de esta nueva andanada de encarcelamientos ha sido el de Albany Colmenares, secretaria política de Vente Venezuela en el estado Carabobo. Ella, al igual que el dirigente Juan Pablo Guanipa, fue capturada por las fuerzas de inteligencia del chavismo mientras estaba en la clandestinidad.

La ausencia de información sobre el paradero de muchos de estos prisioneros ha sido la queja más recurrente de sus familiares. La participación en protestas, como la que hicieron frente a la sede la Nunciatura en Caracas el mismo día que regresaron los 252 venezolanos de El Salvador, dicen algunos familiares, les acarrea castigos como la suspensión de visitas.

Otros relatan haber tenido en ocasiones que recorrer hasta cuatro y cinco penales para enterarse dónde están detenidos, en lo que Amnistía Internacional denunció recientemente como desapariciones forzadas de corta dirección. Una vez ubicado, tocados por el ánimo de no agravar las cosas con las autoridades, la opción más frecuente es el silencio. “Pasé mucho tiempo esperando información sobre mi hijo. Fue una enorme angustia, hicimos varios recorridos, preguntando en cada cárcel. Estaba muy asustada con lo que le pudieran estar haciendo. Ya sabemos dónde lo tienen, gracias a Dios está bien. Esperamos a que lo puedan liberar”, dice una de ellas.

EL PAÍS