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En México hay 102.053 personas en la cárcel sin sentencia. El porcentaje de población en prisión que está procesada, es decir, que todavía no ha recibido una resolución, es del 40,4%, según el informe de agosto del Cuaderno Mensual de Información Penitenciaria Nacional, que depende de la Secretaría de Seguridad. Es la primera vez que el país supera el umbral de las 100.000 personas encarceladas sin condena y se da en mitad de una dura estrategia de seguridad en la que se han multiplicado las detenciones por delitos de alto impacto y, además, el Gobierno sigue ampliando los crímenes que ameritan ir a prisión de forma automática.

Daniel García y Reyes Alpízar estuvieron 17 años en prisión esperando una sentencia por una acusación de homicidio. Terminaron absueltos y su caso, en una victoria en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Maricela Rodríguez, funcionaria de la Secretaría de Transportes, pasó seis años en prisión por fraude antes de ser absuelta en 2019. Tania peregrinó durante 12 años por varias cárceles federales por un presunto secuestro; fue declarada no culpable en 2024. Ese mismo año salió también liberada Daniela, que estaba procesada por delitos contra la salud y sobrevivió tres años de abuso en la única prisión federal para mujeres. Están también los casi 20 años que ha tardado la justicia en resolver el caso de Israel Vallarta, para terminar absolviéndolo este septiembre.

Estas historias no son inusuales. En México hay miles de personas atrapadas en el laberinto penitenciario. Una parte termina recibiendo una condena, pero en muchos otros casos, el juez deciden que deben ser absueltas y liberadas después de años en prisión. La magnitud de esta crisis ha superado ahora una nueva barrera.

El número de personas encarceladas en México no ha dejado de aumentar: eran 202.000 en 2020 y son 252.000 ahora, es decir, en cinco años 50.000 personas más han ido a parar a unas cárceles ya rebasadas. El incremento se ha acelerado en estos últimos meses. Mientras los años anteriores, la población penitenciaria crecía una media de 3.800 personas entre enero y agosto; en 2025, la subida ha sido de 14.354 personas. Al desglosarlo, el mayor añadido se da en los presos sin sentencia, que son 12.816 más en solo ocho meses.

Detrás de estas cifras se deslizan varias causas. El Gobierno de Claudia Sheinbaum inició una estrategia para reducir la violencia, que ha llevado a la detención de más de 32.000 personas en menos de un año, según anunció el zar de Seguridad, Omar García Harfuch, la pasada semana. Estos números se deben, en parte, a la fuerte presión que ha recibido el Ejecutivo de Sheinbaum de Donald Trump en la lucha contra el tráfico de fentanilo. El secretario de Seguridad no ha desglosado en qué situación jurídica se encuentran estos arrestados, pero tanto la delincuencia organizada como todos los delitos relacionados con la producción y distribución de fentanilo conllevan prisión preventiva oficiosa.

Esto quiere decir que con que solo un juez decida que hay que continuar la investigación y procesar al acusado, este va a seguir su proceso judicial desde la cárcel. Esta figura se convirtió en una piedra angular en la estrategia de seguridad en México desde hace varios sexenios. Ahora, pese a la sentencia de la Corte Interamericana que obliga a eliminarla, el Congreso de México sigue aumentando el catálogo de delitos —recogido en el artículo 19 de la Constitución—. El país ya tiene otro tipo de su prisión preventiva, denominada justificada, que permite de igual manera que el acusado siga sus juicios desde la cárcel, pero cuando el juez argumenta que puede dañar a la víctima, al propio proceso —fugándose, por ejemplo— o a las pruebas.

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