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La Justicia pide informes sobre la inversión de casi 668 millones de dólares que en vez de invertise en carreteras fueron a instrumentos financieros

Cada vez que un conductor se detiene en una estación de servicio de Argentina a cargar el tanque de su vehículo, parte de lo que paga por el combustible son impuestos que por ley deben destinarse a la construcción y mantenimiento del país sudamericano. Desde que asumió Javier Milei, a finales de 2023, hasta mitad de este año, el Gobierno recaudó por esta vía 1,5 billones de pesos (unos mil millones de dólares), de los que destinó sólo una cuarta parte a financiar obras viales. El resto, equivalente a casi 668 millones de dólares, se usó para inversiones financieras como plazos fijos y títulos públicos, según una investigación publicada por el diario La Nación. La revelación periodística aumentó el malestar de los que transitan por las carreteras argentinas y denuncian el mal estado de muchas de ellas después de dos años y medio de casi nulo mantenimiento por el freno a la obra pública decretado por Milei bajo el pretexto de “no hay plata”. El escándalo ha derivado en una denuncia judicial contra el Gobierno por presunta malversación de fondos y se ha agrandado en los últimos días al conocerse que no se trata de un caso aislado, sino que el Ejecutivo ha actuado de forma similar con fondos que deberían haberse destinado a obras hídricas y de transporte.

La semana pasada, el portavoz presidencial, Adrián Ravier, admitió ante medios provinciales que parte de lo recaudado en el fideicomiso Sistema Vial Integrado (SisVial) se había destinado “a lograr el equilibrio fiscal”, uno de los pilares de la política económica de Milei. La declaración de Ravier contraría la obligación de usar los fondos de ese fideicomiso exclusivamente para obras viales y este martes, al ser consultado en rueda de prensa en la Casa Rosada, optó por atacar a las gestiones precedentes en vez de responder dónde están los fondos que no han sido invertidos en las carreteras argentinas.

“Hasta diciembre de 2023 el sistema para poner las rutas en orden era Vialidad Nacional. Los pagadores de impuestos le daban dinero y eso debería haber llegado a las rutas, pero no ocurrió”, dijo Ravier. El portavoz argumentó que el nuevo paradigma puesto en marcha por Milei es que “las rutas nacionales no se hagan con dinero de los pagadores de impuestos, sino con inversiones privadas”. De los 40.000 kilómetros de rutas de Argentina, el Ejecutivo ha licitado 9.000.

Las explicaciones oficiales no han convencido a la oposición, que presentó una denuncia ante la Justicia y exige la interpelación del ministro de Economía, Luis Caputo, en el Congreso. La diputada peronista Victoria Tolosa Paz, autora de una de las denuncias judiciales, solicitó que se evalué si el ministro de Economía, Luis Caputo, y otros funcionarios de Milei incurrieron en una malversación de fondos públicos, administración fraudulenta en perjuicio de la Administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Este martes, el juez Ernesto Kreplak aceptó un amparo colectivo que busca que todo el dinero recaudado en el SisVial se vea reflejado en obras. Dio diez días de plazo para que tanto el Ministerio de Economía, como la Dirección Nacional de Vialidad y el Banco Nación respondan a los pedidos de informe solicitados sobre el uso de los fondos.

La realidad que ven hoy los argentinos es una red vial cada vez más destruida, con tramos llenos de socavones, arcenes rotos y alto riesgo de siniestralidad. Según el sindicato de Vialidad Nacional (Fepevina), el 70% de las carreteras presentan condiciones de regulares a malas en la actualidad. Según el titular de Fepevina, Fabián Catanzaro, por cada mantenimiento anual que no se hace se pierden entre tres y cinco años de vida útil de los pavimentos.

Investigaciones posteriores han mostrado que la subejecución no se limita al dinero recaudado en el SisVial sino que se extiende a otras áreas. Según el portal de verificación de datos de Chequeado, de los 375.000 millones de pesos (unos 250 millones de dólares) recaudados desde principios de 2024 que tenían que ser asignados a obras hídricas, sólo se ejecutó un tercio y lo demás se invirtió en Letras del Tesoro y depósitos. Se siguió el mismo patrón con el fideicomiso de infraestructura del transporte, destino a financiar obras de infraestructura vial y a compensaciones al transporte de autobuses y ferroviario.

La periodista y diputada opositora Marcela Pagano, autora de otra de las denuncias que ha recibido la justicia por este tema en la última semana, denuncia que no se trata de errores sino de un plan de Gobierno. Pagano critica que Milei exhiba un superávit que ha logrado gracias a dinero recaudado en impuestos que no han llegado a su destino. “Casi 4.000 palos verdes (millones de dólares) de fondos con destino específico sin ejecutar en tres años. Eso es cobrarte el peaje y no hacerte el camino”, posteó en X tras anunciar que había ampliado su denuncia por presunta malversación, administración fraudulenta y abuso de autoridad.

En paralelo, otra investigación del periodista Hugo Alconada Mon sacó a la luz que el Gobierno realizó este año envíos por un total de 33.000 millones de pesos (unos 22 millones de dólares) correspondientes al SisVial a cinco provincias en los días cercanos a votaciones legislativas clave para el oficialismo, como la de la reforma laboral o la reforma de la Ley de glaciares. Esas transferencias parecen indicar que el Gobierno usó el dinero recaudado con el impuesto a los combustibles como moneda de cambio para la aprobación de leyes difíciles, un modus operandi habitual de la casta política a la que Milei dijo en 2023 que iba a combatir, pero a la que cada vez se asemeja más.

EL PAÍS