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El presidente Daniel Noboa anunció este martes 5 de agosto las siete preguntas de su nueva consulta. El retorno de bases militares extranjeras, cortar el financiamiento de los partidos políticos, así como la eliminación de una función del Estado, son algunas de las propuestas. La que más polémica ha causado es la posibilidad de que los magistrados constitucionales sean sometidos a juicio político.

Aunque aún no se han ejecutado la totalidad de las 11 preguntas que los ecuatorianos votaron en la consulta del 21 de abril de 2024, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ya propone otras siete preguntas para reformar la Constitución y aplicar varias de sus propuestas.

Este martes 5 de agosto publicó en sus redes sociales las interrogantes que planteará a los ecuatorianos. Según dijo en declaraciones a un medio local, la semana pasada, la votación sería en diciembre.

Las siete preguntas

“Hoy damos un nuevo paso: una consulta popular que le pregunta al pueblo sobre temas que por años han sido de interés popular y de urgencia de cambio”, dijo Noboa, al presentar las preguntas.

¿Está usted de acuerdo en eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares en el territorio nacional, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?

¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?

¿Está usted de acuerdo con eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), y transferir sus deberes y atribuciones a la Asamblea Nacional, Defensoría del Pueblo y Contraloría General del Estado, enmendando la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?

¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas (legisladores) y para ello modificar el sistema de elección, enmendando la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?

¿Está usted de acuerdo con permitir la contratación laboral por horas únicamente para el sector de turismo, siempre que se trate de la primera relación laboral, garantizando los derechos laborales y respetando los derechos adquiridos de los trabajadores, enmendando la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?

¿Está usted de acuerdo con que los jueces de la Corte Constitucional sean también considerados como autoridades sujetas a juicio político, enmendando la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?

¿Está usted de acuerdo con permitir el funcionamiento de salas de juego y casinos dedicados a juegos de azar en hoteles categorizados con cinco estrellas, quienes entregarán al Estado un tributo del veinte y cinco por ciento (25 %) de sus ventas por esta actividad, para el financiamiento de programas de lucha contra la desnutrición crónica infantil y de alimentación escolar, conforme la Asamblea Nacional lo regule mediante ley?

Estas preguntas, dijo Noboa, “les da el poder a los ciudadanos de escoger, de una vez por todas, si queremos, como nación, enterrar el pasado y abrazar con esperanza un futuro de paz y desarrollo”. El mandatario no presentó los anexos de las preguntas, donde se explica, a detalles, la aplicación de cada propuesta.

Además, todas las preguntas, primero, deben recibir dictamen de constitucionalidad de la Corte Constitucional.

Tres preguntas ya consultadas y negadas

De este listado, las preguntas 3, 4 y 5 ya fueron consultadas anteriormente. La reducción del número de asambleístas (actualmente hay 151 legisladores, entre nacionales y provinciales) y la eliminación del CPPCS, la función que designa las autoridades de control en el país, fueron planteadas y negadas en la consulta popular del Gobierno de Guillermo Lasso, en 2023, meses antes de su salida anticipada del cargo y en una caída de su popularidad.

Mientras que la pregunta 5, con respecto a la contratación por horas, fue una propuesta de Noboa en 2024 y la única pregunta, de las 11, que perdió. En ese año, planteó una contratación por horas generalizado. Ahora, lo propone únicamente para el sector turismo.

“Nunca se trata de las preguntas, sino de quién y en qué momento pregunta”, dijo el analista Pedro Donoso, en su cuenta de X, sobre el nuevo paquete de preguntas de Daniel Noboa. Y se refiere a que la extradición fue una propuesta de Lasso y que no obtuvo los votos en 2023, pero Daniel Noboa, en la consulta de abril de 2024, sí ganó.

Con respecto a la eliminación del CPPCS, Noboa propone que las atribuciones de designar autoridades de control pasen ahora a la Asamblea Nacional (Parlamento), como ocurría antes de la Constitución de 2008, mediante una enmienda a la Constitución. Sin embargo, la Corte Constitucional, en su dictamen de 2023 para la consulta de Lasso, dejó en claro que esa modificación debe ser mediante una reforma parcial de la Constitución y no como enmienda. Lo que significa otro procedimiento.

“¿No era más responsable que su equipo lea las sentencias antes? ¿No convenía enviar la reforma parcial completa para cumplir la ley y ganar tiempo?”, reaccionó Karen Sichel, que fue la vocera de la fracasada consulta de Guillermo Lasso y que conoció el proceso.

Preguntas en trámite en el Parlamento

La pregunta 1 y 2 están ya en trámite en la Asamblea Nacional, lo que agiliza el proceso de entrada en vigencia de las reformas planteadas por Noboa.

Con respecto a la pregunta 1, sobre bases militares extranjeras, el 3 de junio pasado la Asamblea Nacional aprobó con 82 votos el proyecto de reforma parcial al artículo 5 de la Constitución para el establecimiento de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano.

El Gobierno señala que forma parte de su estrategia para fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado transnacional. Esto, en medio de un aumento de la criminalidad en varias provincias.

Mientras que la pregunta 2, para eliminar el financiamiento de las organizaciones políticas con aportes del Estado, ya pasó el primer debate y la Comisión Ocasional de la Asamblea que tramita esta propuesta ya dejó listo el informe para segundo y definitivo debate. En el documento se recomienda al Pleno de la Asamblea que se apruebe la reforma parcial de los artículos 110 y 115 de la Constitución, en los que se establece que los partidos políticos reciban asignaciones del Estado.

Jueces constitucionales ‘a juicio político’

La pregunta 6 es la que más ha generado polémica. La propuesta del Ejecutivo de someter a un control político a los jueces de la Corte Constitucional llega en medio de un enfrentamiento entre ambas partes.

Un día antes, la corte suspendió de manera provisional la aplicación de varios artículos de tres de las principales leyes del presidente Noboa, dentro del trámite que lleva ese tribunal sobre decenas de demandas de inconstitucionalidad sobre esas leyes: Ley de Integridad Pública, Ley de Inteligencia y Ley de Solidaridad.

Aunque aún faltan los anexos, el presidente propuso que la Asamblea Nacional tenga la potestad de enjuiciar políticamente a los jueces del máximo órgano de justicia de Ecuador. Una atribución que tenían los congresistas antes de la Constitución de 2008.

El legislador oficialista Esteban Torres dijo el martes que eran los únicos que no estaban sujetos a ningún control. “El presidente está sometido a controles, los legisladores y los ministros. Sin embargo, los jueces no tienen ningún contrapeso”, afirmó.

Para la abogada constitucionalista Verónica Hernández, la respuesta está en el artículo 431 de la Constitución, que establece que la propia Corte Constitucional, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros, puede remover a uno de sus magistrados.

Y cuando se trate de algún tipo de delito común en el que haya incurrido alguno de los jueces, Hernández destaca en X que la norma estipula que la indagación y acusación deberá ser realizada por el fiscal general del Estado y juzgados por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia.

Además, recuerda que “para proteger la autonomía e independencia de la justicia constitucional, se determina que los jueces de la CCE no pueden ser objeto de acciones pre procesales y procesales penales por el contenido de sus opiniones, resoluciones, votos o fallos consignados en el ejercicio del cargo”.

Abogados, organizaciones sociales y otros actores políticos han cuestionado esta propuesta. El expresidente de la Corte Constitucional Hernán Salgado calificó este martes en entrevista con Ecuavisa, que “es antidemocrático, autoritarismo”. Además, dijo que es “una barbaridad”.

Para la abogada María Dolores Miño, “amedrentar a los jueces de la Corte Constitucional con un eventual juicio político es una clara afrenta a su independencia”. El constitucionalista André Benavides también reaccionó y publicó: “No concibo que los jueces constitucionales sean sujetos de control político. Desnaturaliza el sistema de pesos y contrapesos de un Estado Constitucional”.

FRANCE 24