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La Fiscalía argumenta que los dirigentes, sentenciados a 16 años de cárcel tras demandar mejoras salariales, planeaban actos subversivos

“No es posible que hoy tengamos a tantos trabajadores presos por defender sus justos reclamos”. El grito de protesta de la dirigente gremial Griselda Sánchez resonaba el lunes en una manifestación convocada ante la sede de Naciones Unidas. La condena a 16 años de cárcel dictada la semana pasada contra seis sindicalistas ha desatado una ola de indignación en Venezuela y ha movilizado a activistas, opositores, integrantes de ONG y representantes de organizaciones gremiales. Entre todos ellos el repudio de las declaraciones del fiscal general Tarek William Saab es cada día más nítido. El alto funcionario, fiel al presidente Nicolás Maduro, acababa de reiterar que los seis hombres no son sindicalistas, sino “conspiradores”.

La condena fue emitida por un juzgado de Caracas con competencia en casos de terrorismo con acusaciones de conspiración y asociación para delinquir. Todos habían estado participando en protestas y movilizaciones por mejoras de ingresos, el año pasado y el actual, en el alicaído panorama laboral del país, donde el salario mínimo ronda los cinco dólares. El fallo se concretó con enorme rapidez.

Los sentenciados son Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Reinaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho y Nelson Astudillo, en su mayoría sindicalistas vinculados a los gremios del aparato administrativo del Estado venezolano, como los tribunales y el poder legislativo. Negrín está afiliado a Codesa (Confederación de Sindicatos Autónomos de Venezuela), una central sindical de izquierda de pequeño tamaño. Cuatro de ellos son militantes de Bandera Roja, un partido minoritario con cinco décadas de historia e inspiración marxista que hoy pertenece a la oposición venezolana.

El anuncio ha generado críticas airadas en sectores de la oposición. La Plataforma Democrática emitió un comunicado rechazando la medida. Trabajadores de la Coalición Sindical Nacional se concentraron hace días en el centro de la ciudad en solidaridad con sus compañeros, criticando la inexistencia de testigos en el juicio y prometiendo apelar la decisión.

María Corina Machado, de Vente Venezuela, que lidera en este momento los sondeos de opinión en el país, manifestó en su cuenta de Twitter que en Venezuela “la justicia es un tentáculo de la tiranía. Este es un acto grotesco y cruel. Estas personas son detenidas por denunciar los atropellos del régimen a sus compañeros de trabajo. Toda mi solidaridad contra estos valientes luchadores”.

Henrique Capriles, candidato de Primero Justicia, también se pronunció al respecto, manifestando que la decisión configuraba “un horror; y todo ello sin ninguna prueba”. Provea, ONG dedicada a la defensa de los derechos humanos, calificó el fallo de “brutal” y “una medida arbitraria tomada en un proceso judicial donde el único testigo de la denuncia nunca se presentó en un año y dos meses”.

En la acusación formulada por la Fiscalía General de la República en contra de estos trabajadores que tiene en su poder la defensa se relata que llegó una denuncia anónima de un ciudadano denominado Adalberto –la defensa alega que se trata de un “patriota cooperante”, uno de los voluntarios chavistas que están autorizados a hacer labores de “inteligencia social”- a la Dirección de Inteligencia Estratégica de la Policía Nacional Bolivariana en julio de 2022. La investigación comenzó en ese momento.

A los acusados se les señala como parte integrante de una Unidad de Resistencia Popular, creada presuntamente para organizar acciones terroristas “contra el Estado venezolano y la democracia”, como planificar secuestros, promover protestas y sabotear fiestas patrias. Entre los elementos que sustentan el procedimiento judicial, afirma el informe del fiscal titular del caso, Elín Teodoro León, pesa un procedimiento de la Dirección General de Contrainteligencia Nacional (DGCIM), que accedió a conversaciones privadas de WhatsApp y realizó un seguimiento de sus actividades.

Eduardo Torres, abogado defensor de los dirigentes sindicales, reconoció la existencia de pesquisas policiales de inteligencia contra sus defendidos y afirmó que un procedimiento de inteligencia como el descrito “no es prueba en el Código Orgánico Procesal Penal”. “Además, el informe policial deja claramente establecido que los dirigentes no estaban adelantando ninguna acción política, ni se discutía ningún procedimiento en particular contra nadie”, prosiguió.

El fiscal general Tarek William Saab asumió desde el principio la responsabilidad del procedimiento y denunció “el intento de manipulación” planteado con las críticas a la medida: “Estas personas no son dirigentes sindicales. No pertenecen a ningún sindicato. No son trabajadores activos. No están registrados en el Instituto Venezolano del Seguro Social. Están detenidos por labores conspirativas. Se les llama dirigentes sindicales para atacar a las instituciones, a la democracia venezolana”.

“Basta de mentiras y juicios amañados”, replicó poco después el abogado defensor en un mensaje difundido en las redes sociales. “Estos luchadores son dirigentes sociales, defienden el salario, cuentan con el apoyo del pueblo venezolano y el respaldo de instancias internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo”.

Yorbelis Oropeza, esposa de uno de los detenidos, afirmó que estos activistas “han sido injustamente condenados por una juez que solamente se vende a lo que el Gobierno le dice. Los venezolanos que creemos en la justicia, que creemos en la verdad, vamos a seguir luchando. Mi esposo y los trabajadores sociales han sido castigados simplemente por pedir una mejor calidad de vida”.

EL PAÍS