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Diversas organizaciones feministas expresaron su rechazo a la intención del Ejecutivo de transformar el Ministerio de la Mujer en una secretaría adscrita al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), calificando la medida como un retroceso institucional.

“En un país donde abundan estructuras opacas, cargos clientelistas y gastos superfluos, presentar el Ministerio de la Mujer como un ‘lujo’ o una ‘duplicidad’ es profundamente deshonesto”, se lee en un comunicado de la Convergencia Nacional de Mujeres por Panamá y la Defensa del Ministerio de la Mujer, difundido el 6 de julio.

La reacción ocurre luego de que el presidente, José Raúl Mulino, durante su discurso a la nación el 1 de julio, indicara que la medida busca reducir el tamaño del aparato estatal y centralizar funciones.

Para Joyce Araujo Lasso, de la Fundación para la Equidad de Género (Fundagénero), esta acción representa un debilitamiento de una entidad creada tras décadas de lucha del movimiento feminista panameño. “En un país donde el 50.4 % de la población son mujeres, es necesario que exista una voz con presencia en el Consejo de Gabinete, que garantice incidencia política y presupuesto propio”, afirmó.

Advirtió que una secretaría bajo otro ministerio estaría sujeta a la voluntad política del gobierno de turno, lo que podría limitar la respuesta estatal frente a la violencia y los abusos contra la mujer.

En cuanto a personal, en 2024 la institución contaba con 264 funcionarios, de los cuales 123 laboraban en provincias y comarcas.

Este sentir es compartido por la Coalición Internacional de Mujeres y Familia, la cual apuntó que “El argumento de austeridad es insostenible cuando existen instituciones gubernamentales cuyo fracaso es innegable, esto incluye ministerios”.

“No se trata de eficiencia, se trata de una decisión política que claramente busca reducir el Estado sin tocar sus propios intereses ni los del sector empresarial que bastante debe a la Caja de Seguro Social. No podemos perder la institución que responde por la mitad de la población”, ponderó.

Elia López de Tulipano, del Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos (Fonamupp), atribuyó la limitada cobertura del Ministerio a la falta de recursos. “No se puede esperar cobertura nacional ni atención a mujeres migrantes con un presupuesto irrisorio”, dijo. Agregó que en algunas regiones, como las comarcas, el personal es insuficiente y desempeña múltiples funciones.

Por su parte, Mariela Arce, de la Alianza de Mujeres Organizadas de Panamá, afirmó que una ley solo puede derogarse mediante otra ley, por lo que sospechan que el Ejecutivo buscará presentar una propuesta legislativa. “Pedimos a los diputados no respaldar iniciativas en ese sentido”, declaró.

A juicio de Arce, la medida tiene motivaciones políticas más que económicas. “Con esta decisión, el gobierno está comenzando a desmontar políticas públicas de protección de derechos humanos”, advirtió. Añadió que no se puede evaluar una entidad con apenas dos años de funcionamiento.

Las agrupaciones feministas comentaron que el cierre del Ministerio implicaría una violación a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), la Plataforma de Beijing, de la que Panamá es firmante, la cual obliga a los Estados a fortalecer sus mecanismos para la igualdad de género.

Exigen hacer cumplir la Ley 375 de 2023, que creó el Ministerio y fortalecerlo con el presupuesto y personal para atender las necesidades de toda la población femenina.

“Desaparecer esta entidad equivale a reducir a las mujeres la posibilidad de tener una voz en la mesa donde se deciden políticas públicas que afectan nuestra vida: salud, educación, justicia, trabajo y protección contra todo tipo de violencia”, justificaron en un comunicado.

La exministra de la Mujer Juana Herrera también criticó la propuesta del Ejecutivo y sostuvo que no se ha presentado una evaluación técnica para justificar la medida. Destacó que el Ministerio cuenta con una Política Pública de Igualdad de Oportunidades vigente para el período 2024–2034.

Durante su gestión, afirmó que se lograron reducir los casos de femicidio a 15 en un año, se implementaron protocolos para la atención de mujeres con discapacidad víctimas de violencia, se elaboró una agenda económica para mujeres rurales, y se crearon herramientas como el sello de igualdad en instituciones financieras y la oficina de pensión alimenticia.

Consultada sobre si esas acciones podrían ejecutarse desde otros ministerios, Herrera respondió: “Puede ser, pero si quien lidera la cartera no tiene el compromiso, es muy difícil”.

Sobre la actual ministra, Niurka del Carmen Palacio, consideró que su situación es compleja por su cercanía al equipo de gobierno. “Ella pudo haber renunciado, porque es un tema de principios y derechos humanos, pero entiendo que es complicado”, concluyó.

LA ESTRELLA PANAMÁ