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Otra muerte del sistema

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Mónica Xavier
Partido Socialista de Uruguay
Secretaria general del Partido Socialista de Uruguay, senadora de la República y presidenta del Frente Amplio entre 2012 y 2015

 

El pasado domingo fue asesinada otra mujer. A Dorita la mató su expareja de dos balazos en el pecho y un tercero en la cabeza. Es la 21 mujer muerta a manos de su conyugue o expareja. Ésta es la principal causa de muerte violenta de las mujeres. No son las rapiñas ni los accidentes. El propio hogar es el lugar de mayor riesgo para las mujeres.

Violencia es someter, dominar, controlar, y también termina en muerte.  La violencia avasalla derechos y produce marcas imborrables. La violencia significa discriminación – producto de relaciones asimétricas en sociedades como la nuestra donde aún hoy persiste el modelo patriarcal -. Ese modelo que también reproduce la violencia contra niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores. Murieron siete niños en lo que va de este año.  El imperio de la ley del más fuerte en pleno siglo XXI.

Parece ficción pero es la realidad. ¿Hasta cuándo este drama? Las mujeres tenemos derecho a vivir una vida sin violencia y muerte. Son asuntos que obligan e incluyen a toda la ciudadanía. No es un tema de otros u otras. Nadie queda fuera. Porque una sociedad que cobija la violencia es una sociedad que engendra violentos. Así como una sociedad que cobija la inequidad es una sociedad que engendra la desigualdad.

Resulta evidente que las condiciones materiales de vida contextualizan y determinan oportunidades, el acceso a bienes y servicios y el ejercicio de derechos. Es así que los ejes de clase y género se articulan para sostener el sistema de injusticia, y por ende aumentan la desprotección y vulnerabilidad de mujeres, adolescentes, niñas y niños, frente a situaciones de violencia de género. Violencia y discriminación van de la mano.

Para la superación de las discriminaciones basadas en género se requiere una política de igualdad. Existen cuatro razones que la determinan. La razón ética: equivalencia hombres y mujeres. La razón política: principio de la democracia efectiva. La razón jurídica: igualdad asumido por los Estados a nivel nacional e internacional. Y la razón económica: costos de ineficiencias, inequidades y bienestar provocadas por la discriminación hacia las mujeres[1].

En ese sentido, la aprobación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, la creación del Sistema Nacional de Cuidados y la Ley de Trabajo Doméstico, entre tantas otras, representan sustanciales avances del Uruguay de la última década. Está a la vista que aún falta muchísimo. Estamos muy lejos de a igual tarea igual remuneración: las mujeres perciben remuneraciones en promedio un 27 % menos, y cuanta mayor es la preparación exigida mayor es la brecha remunerativa. Una vergüenza. A nivel parlamentario, apenas logramos acceder al 20 % de las bancas, ley de cuotas mediante. La situación es aún más preocupante ya que estos tibios avances están en riesgo al caducar la vigencia de la ley que los propició.

Para terminar con esta sociedad de desigualdad y violencia el parlamento tiene una gran responsabilidad. Ejemplos de leyes que no se pueden seguir postergando. Primera: la Ley Integral contra la Violencia de Género. La indiferencia es la más cruel forma de acción. Estoy comprometida en que esta ley sea aprobada. Segunda: la Ley de Paridad. Las mujeres deben poder ser representadas por mujeres, para que no se siga perpetuando la desprotección de más de la mitad de la población. Para que se legisle para que no sigan sucediendo aberraciones de discriminación y violencia.  Es así de claro: «una mujer representa mejor a otra mujer que 500 hombres»[2].

La violencia hacia las mujeres constituye una violación de los derechos humanos y se funda en las desigualdades de género. La indiferencia es cómplice. Estamos llamados a comprometernos en la lucha por una sociedad inclusiva y tolerante.

Así como lo vienen realizando las mujeres organizadas de las Comunas Mujer desde hace 20 años en forma ininterrumpida, en Montevideo, en cada barrio, haciendo visible el problema y generando participación para combatir los problemas de las mujeres. Sin movilización, sin organización, sin redes, no llegamos a escuchar todas las voces.

[1] Evangelina García Prince. Fue Vicepresidenta del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y coordinó la Red Latinoamericana y de El Caribe de Organismos Gubernamentales de la Mujer.
[2] Lakshmi Puri. Directora Ejecutiva Adjunta, Oficina de Apoyo Intergubernamental y Alianzas Estratégicas Subsecretaria General de las Naciones Unidas – http://www.unwomen.org/es/about-us/directorate#sthash.E5GJt8SO.dpuf

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