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El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Socialista (PS) del Uruguay emitió en la ultima semana un comunicado en el que advierte que «nuevamente se constatan abusos policiales y despliegues represivos completamente desproporcionados, y atendiendo a la falta de respuestas claras de parte del gobierno».

Por ello, el sector político considera que «el gobierno nacional ha tomado un camino muy peligroso en el que las garantías ciudadanas se ven afectadas por la discrecionalidad policial alentada desde las propias autoridades. Ahora lo hace además escudando sus decisiones políticas en la pandemia».

Asimismo, entiende que «varias de las normas de la LUC aprobada hace pocos meses son parte de ese peligroso camino», y apunta que «los operativos represivos mencionados apuntan en general a poblaciones pobres y jóvenes, y a expresiones culturales y colectivas».

Por todo ello, resuelve «rechazar enfáticamente los hechos referidos. Apoyar a su vez los conceptos fundamentales de la declaración suscrita por múltiples organizaciones de la Intersocial y otras organizaciones respecto de este tema».

También advierte que se dispone a «plantear en el seno del Frente Amplio la necesidad de adoptar las acciones parlamentarias, políticas y sociales pertinentes para exigir responsabilidad a quienes corresponda y detener estos desbordes represivos, así como «redoblar el trabajo tendiente a la derogación de aquellas normas que refuerzan esta orientación violenta del gobierno».

Finalmente, se propone «alertar a la ciudadanía sobre esta situación, promover la información masiva sobre sus derechos y convocar a denunciar cualquier clase de abuso a las instituciones correspondientes».

En similares términos se expresó el sector Casa Grande FA, que en redes sociales también publicó un comunicado sobre los recientes enfrentamientos entre policías y ciudadanos en varios puntos del país.

«La noche del domingo 1ro. de noviembre ocurrieron hechos lamentables en distintos espacios públicos de Montevideo. Múltiples intervenciones policiales, presuntamente motivadas por el intento de dispersión de aglomeraciones en el marco de las acciones promovidas ante la emergencia sanitaria, derivaron en violencia, represión y procedimientos policiales poco claros», expresa dicho comunicado.

El texto hace especial referencia a los hechos ocurridos en la Plaza Líber Seregni, donde en esa fecha se estaba llevando a cabo «una actividad sobre antirracismo y feminismos convocada por el Bloque Antirracista y se encontraban haciendo uso del espacio público».

«El gobierno ha expresado desde el comienzo de la emergencia que no pretende criminalizar a los uruguayos y uruguayas para que cumplan con el distanciamiento social. Así, ha hecho de la ‘libertad responsable’ el lema de la prevención del COVID-19. Por eso cada acción o pedido al público se enmarca en ‘exhortaciones’, ‘pedidos’, ‘invitaciones’ y nunca se tomaron medidas similares a las de otros países como la cuarentena obligatoria o el toque de queda. Sin embargo, en esta oportunidad no hubo lugar al diálogo o mediación», añade el texto.

«La reiterada actuación policial bajo la órbita del Ministro Larrañaga continúa escudándose en la emergencia sanitaria para reprimir movilizaciones y aglomeraciones populares, amparándose en medidas como la ‘Ley de Urgente Consideración’, la cual pese a tener un repudiable contenido represor y contrario a la libertad ciudadana, no tiene referencias a procedimientos en contexto de pandemia o habilitaciones a la policía a actuar fuera del marco constitucional del debido procedimiento», critican desde el sector frenteamplista.

«Lo ocurrido en la Plaza Liber Seregni, tiene no sólo el tradicional sesgo de clase y de generaciones que suele impregnar a la violencia institucional, sino además un evidente accionar racista, tanto por el contexto de la actividad que se estaba desarrollando, como en las personas violentadas y detenidas y en las expresiones vertidas durante el procedimiento», acusa el envío.

«En tiempos de crisis sanitaria y social, es responsabilidad de todas las instituciones actuar en el marco del Estado de Derecho, promoviendo la convivencia, el disfrute de los espacios públicos y la calidad democrática. Si para prevenir el COVID-19 ‘nos cuidamos entre todos’, que esta consigna abarque también cuidar la convivencia ciudadana y las libertades de todos y todas», se reclama.

«Exigimos que el Ministerio del Interior dé cuentas de lo actuado y se tomen todas las medidas atinentes a encontrar eventuales responsabilidades. Ser ‘hincha de la policía’ es también procurar una actuación legítima, oportuna, conveniente y transparente», prosigue el mensaje.

«El racismo estructural, la violencia de género, la criminalización de la juventud, la hostilidad hacia los más pobres y la violencia institucional son pandemias todavía aceptadas y muchas veces amparadas por un Estado responsable y ausente. No somos indiferentes: nos encontrarán en la calle, con el movimiento social, las izquierdas y nuestra fuerza política resistiendo cualquier intento de avance de la opresión», concluye.

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