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Las leyes incliyen medidas contra la independencia de jueces y fiscales, además de amnistía para represores y acciones autoritarias de “mano dura”.

En un contexto de crecimiento sin precedentes de la criminalidad, el Congreso peruano, controlado por una coalición de derecha y ultraderecha encabezada por el fujimorismo, ha aprobado una serie de leyes que favorecen al crimen organizado. Las medidas parlamentarias también incluyen acciones contra la independencia de jueces y fiscales que debilitan su capacidad para enfrentar a las organizaciones criminales y apuntan a la impunidad de la corrupción política. Así lo ha denunciado en un reciente informe la organización internacional de derechos hiumanos Human Rights Watch (HRW).

La mayoría parlamentaria que ha dado estas leyes también aprobó recientemente una amnistía para los represores acusados de violaciones a los derechos humanos. Por un lado, el Congreso legisla a favor del crimen organizado y la impunidad, y por otro restringe derechos y debilita la institucionalidad democrática. La misma derecha que da leyes que afectan el combate legal contra la criminalidad, utiliza el incremento de la delincuencia, sostenido en esas leyes, para promover acciones autoritarias de “mano dura”.

Esta política parlamentaria favorable al crimen organizado, indica HRW, avanza con la complacencia del gobierno de Dina Boluarte, acusada de violaciones a los derechos humanos y corrupción, sostenida en el poder por esa mayoría parlamentaria. Una complicidad con el crimen organizado y la impunidad de la corrupción por parte de la coalición que gobierna el Perú -llamada “coalición mafiosa”- que también han adviertidio distintos sectores dentro del país. Actividades criminales como la extorsión, el sicariato, la minería ilegal, el narcotráfico, la tala ilegal y otras, se han fortalecido con esta legislación.

El Congreso, controlado por bancadas interesadas en bloquear las investigaciones fiscales por corrupción a sus principales drigentes y legisladores -el caso de Keiko Fujimori es emblemático-, ha aprobado leyes, promulgadas por el Ejecutivo, que reducen la posibilidad de acusar por organización criminal retirando de esta tipificación delitos como la corrupción de funcionarios y otros, que modifican la ley de colaboración eficaz haciendo más difícil que la Fiscalía consiga la colaboració de acusados que den información clave para avanzar en las investigaciones, que restringen la capacidad fiscal para realizar allanamientos, que reducen los tiempos de prescripción penal, que cambian la ley de extinsión de dominio trabando el decomiso de los bienes producto de un delito, que protegen las operaciones de la minería ilegal, que permiten legalizar la deforestación ilegal, entre otras normas que han facilitado el incremento delictivo.

«Un Congreso disfuncional»

En su informe, titulado “Legislar para la impunidad. Cómo el Congreso peruano permite el avance del crimen organizado”, HRW señala que “si bien el crimen organizado también se está expandiendo en otros países de América Latina y el Caribe, en el Perú ha encontrado condiciones prácticamente únicas en la región: un Congreso disfuncional que ha tomado múltiples medidas para debilitar el marco jurídico para enfrentar a organizaciones criminales, y un Ejecutivo débil, incapaz o poco dispuesto a actuar. En lugar de fortalecer las instituciones públicas para combatir el crimen organizado, el Congreso, con más de la mitad de sus miembros investigados por corrupción u otros delitos, ha debilitado la independencia y la capacidad de jueces y fiscales, facilitando la expansión del crimen organizado”.

Juanita Gobertus, directora de la División de las Américas de HRW, señala que “tener un Congreso que legisla activamente a favor del crimen organizado y facilita su crecimiento es una condición única del Perú, eso no se da en otros países de la región”. Atribuye estas leyes a la influencia de organizaciones criminales en el Congrteso, lo que es más notorio en el caso de la minería ilegal, fundamentalmente de oro, con denuncias de vínculos de legisladores con estas mafias -el presidente del Congreso Eduardo Salhuano ha sido abogado de mineros ilegales-, y al interés de congresistas y líderes de sus partidos, denunciados por corrupción y otros delitos, de favorecerse debilitando con estas leyes el combate a la corrupción y las mafias.

“Por las medidas tomadas por el Congreso debilitando la capacidad de combatir el crimen organizado, que el gobierno ni ha controlado ni ha controvertido, el Perú se ha convertido desde 2024 en el país de la región con el mayor incremento de la tasa de homicidios. Es la misma dinámica de crecimiento que hace unos años vimos en Ecuador, que ahora tiene el mayor nivel de homicidios en la región”, advierte Gobertus.

La presidenta de la Corte Suprema, Janet Tello, y la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, han criticado las leyes a favor del crimen organizado y la impunidad y han advertido de sus peligros. Desde el Congreso y el Ejecutivo, que ya han tomado el control del Tribunal Constitucional, la Defensioría del Pueblo y la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que nombra y sanciona a jueces y fiscales, maniobran para capturar totalmente el Ministerio Público y el Poder Judicial, sobre los que tienen influencia y poder pero no el control absoluto.

La fiscal Fany Quispe, coordinadora de las fiscalías especializadas de criminalidad organizada, denuncia que las leyes del Congreso aprobadas en los últimos dos años “tienen un efecto devastador en la lucha contra la criminalidad organizada” al quitarle al sistema de justicia “herramientas fundamentales para desbaratar organizaciones criminales”.

En este contexto, la criminalidad crece exponencialmente. La extorsión, el sicariato y la minería ilegal se han convertido, junto con el narcotráfico, en los principales delitos. Solo en el primer trimestre de este año hubo ocho mil denuncias por extorsión, la misma cifra que en todo 2022. Y se estima que únicamente alrededor del 20 por ciento de las víctimas de este delito denuncian. En 2024 hubo 2011 homicidios, un incremento de 34,5 por ciento respecto a 2023. En los primeros seis meses de este año los asesinatos aumentaron cerca de 20 por ciento respecto al mismo periodo de 2024, el año de mayor índice de homicidios con 7,4 denuncias por cada 100 mil habitantes. Según las cifras oficiales, en lo que va del año se registran seis asesinatos diarios. La minería ilegal del oro ha crecido a tal nivel que produce más ingresos que el narcotráfico. Hay vínculos entre ambas actividades. Mientras promulga leyes favorables a las organizaciones criminales, el gobierno dice enfrentar la delincuencia con sucesivas declaraciones de estados de emergencia que eliminan derechos ciudadanos y no tienen ningún resultado en el combate a la delincuencia.

La minería y la tala ilegal, amparadadas por una legislación favorable a sus intereses, invaden territorios de comunidades indígenas y asesinan a dirigentes y defensores ambientales que se oponen a su avance depredador del medio ambiente. Crímenes que se repiten en medio del desinterés de las autoridades y la impunidad. Organizaciones indígenas han denunciado que 35 de sus líderes defensores del medio ambiente han sido asesinados por estas mafias durante el gobierno de Boluarte, que asumió en diciembre de 2022 y también carga con 49 muertes por la represión a las protestas sociales. En el pronunciamiento de un reciente Encuentro Nacional de Defensores y Defensoras Ambientales, comunidades indígenas de todo el país denuncian el abandono del Estado y la impunidad con la que actúan las mafias que asesinan a sus dirigentes. “El Estado ha dejado de garantizar derechos y se ha convertido en un agresor”, se dice en el pronunciamnientio.

Los pueblos originarios exigen que se les deje de criminalizar, se sancione a las mafias que atacan a sus comunidades y a las autoridades que las protegen, la derogatoria de las leyes que favorecen la minería y la tala ilegales y la depredación de sus territorios por las actividades extractivas legales. Convocan a “las fuerzas democráticas, progresistas y no corruptas” para “conformar una gran coalición antimafia” para las elecciones de 2026: “No podemos permitir que este régimen criminal se consolide”.

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