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Aprobada en el Congreso, la ley blinda a sentenciados por crímenes cometidos durante el conflicto armado interno, que entre 1980 y 2000 enfrentó a la guerrilla con el Estado con un saldo de cerca de 70 mil muertos y más de 20 mil desaparecidos.

Cerca de un millar de represores acusados de matanzas de comunidades campesinas, miles de desapariciones y asesinatos, torturas, violaciones sexuales y otros crímenes contra los derechos humanos, se beneficiarían con una ley de amnistía aprobada esta semana en segunda votación por el Congreso. La amnistía favorece a militares, policías y grupos paramilitares por los crímenes que cometieron durante el conflicto armado interno, que entre 1980 y 2000 enfrentó al maoísta Sendero Luminoso y en menor medida al guevarista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) con el Estado, con un saldo de cerca de 70 mil muertos y más de 20 mil desaparecidos. El 75 por ciento de las víctimas fueron pobladores andinos quechuahablantes. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha calificado esta ley de amnistía como «un retroceso histórico en la lucha contra la impunidad».

El fujimorismo y sus aliados de la coalición de derecha y extrema derecha que controla el Congreso aprovecharon el receso parlamentario para votar la ratificación de esta ley en la Comisión Permanente, que sustituye en estos días al Pleno, evitando un debate con todos los legisladores y con mayor difusión a las sesiones de esta comisión. La amnistía fue aprobada con solo 16 votos de un Congreso que tiene únicamente dos por ciento de aceptación ciudadana. Hubo 11 votos en contra de la amnistía en esta comisión.

En junio, la amnistía había sido aprobada en primera votación en el Pleno del Congreso en una sesión de medianoche, con 61 votos de los 130 legisladores, 44 en contra y 3 abstenciones. Luego de esta primera votación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) le señaló al Estado peruano que se abstenga de aprobar leyes de amnistía para casos de violaciones a los derechos humanos. Pero el Congreso desacató lo dispuesto por la Corte IDH. En 1995 el régimen de Fujimori dio una amnistía similar a la que ahora se ha sacado desde el Congreso, que fue anulada por la Corte IDH en 2001. Ahora el fujimorismo, sintiéndose reforzado con sus aliados parlamentarios y un gobierno funcional a sus intereses, ha vuelto a insistir con la amnistía a los represores.

Esta ley de amnistía ha pasado al Ejecutivo para su promulgación u observación. Aliado de la mayoría parlamentaria, se da como seguro que el gobierno de Dina Boluarte, que carga con medio centenar de muertos por la represión a las protestas sociales y ha dado muestras de su desprecio por los derechos humanos, promulgue esta ley de impunidad. La amnistía anula todos los juicios en proceso por violaciones a los derechos humanos a militares, policías y paramilitares, y ordena la liberación de los represores condenados cuando hayan cumplido 70 años. Teniendo en cuenta que estos procesos judiciales son por casos que tienen más de 30 años, incluso muchos más de 40 años, la mayoría de los condenados se beneficiarían con esta norma y otros saldrían libres en poco tiempo al cumplir los 70 años. Familiares de las víctimas y organismos de derechos humanos denuncian que la ley viola la Constitución y la legislación internacional en derechos humanos, y han anunciado que por estas razones solicitarán a los jueces que no apliquen esta amnistía y se abstengan de liberar a los represores sentenciados y cortar los juicios que están en proceso.

Si se llega a aplicar, la amnistía cortaría más de 600 procesos judiciales en marcha y se liberaría a represores sentenciados en 156 procesos judiciales finalizados. Entre los beneficiados están los integrantes del «Escuadrón de la muerte Colina», que operó en la dictadura de Fujimori cometiendo numerosos crímenes, entre ellos las matanzas de Barrios Alto y La Cantuta, por los cuales Fujimori fue condenado. También los jefes militares que ordenaron matanzas de comunidades campesinas, que no fueron pocas, con niños y ancianos masacrados entre las víctimas, y quienes las ejecutaron en acciones que nada tenían que ver con un combate. Estos crímenes brutales, así como el secuestro de ciudadanos sacados a golpes de sus casas, del trabajo o de las escuelas, las miles de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, el extensivo uso de la tortura en los cuarteles y la violación sexual de mujeres, son minimizados o justificados como «acciones contra el terrorismo» por los defensores de la amnistía que beneficia a los responsables de estos crímenes. Desde el poder y muchos medios crece una narrativa que habla solamente de acciones terroristas e ignora los crímenes cometidos por militares y policías, pretende borrar esa memoria y convertir a los represores en héroes.

«Esta ley de amnistía nos llena de mucha indignación», ha sido la reacción de Sharmelí Bustíos, hija del periodista Hugo Bustíos, asesinado en 1988 por una patrulla militar en la andina región de Ayacucho, epicentro del conflicto armado interno. El general en retiro, exministro y candidato a la alcaldía de Lima en 2022, Daniel Urresti, que estaba destacado en Ayacucho ese año, fue condenado en 2023 a 12 años por este crimen. Una larga lucha de 35 años para lograr justicia. Ahora Urresti puede salir libre con esta amnistía. «La justicia que hemos logrado con la condena a uno de los responsables del asesinato de mi padre no ha sido fácil, y ahora Urresti puede salir libre, pensar en eso me llena de impotencia, de indignación. Es tiempo que nos den el derecho de alcanzar justicia y de cerrar nuestro duelo. Nos han arrancado a nuestros seres queridos con una total crueldad. No vamos a renunciar al derecho a la justicia, que es lo único que nos queda», dice la hija del periodista asesinado por los militares.

Gisela Ortiz es hermana de uno de los estudiantes de la Universidad La Cantuta secuestrados y asesinados en 1992 por un destacamento militar que operaba como un escuadrón de la muerte bajo órdenes de Fujimori. «Los familiares de las víctimas tenemos derecho a la justicia, esta ley de amnistía nos arrebata ese derecho. Esta es una nueva prueba para los familiares. La mayoría de nosotros estamos desgastados, envejecidos, pero vamos a seguir resistiendo y luchando contra estas leyes, contra este Congreso y este gobierno que no tienen ningún respeto por los derechos humanos. No estamos pidiendo ningún favor, estamos reclamando derechos. Esta ley de amnistía dada para premiar a los delincuentes y a los asesinos no solamente nos parece ilegal, sino también injusta e inhumana», dice Ortiz.

La abogada Gloria Cano, de la Asociación Pro derechos Humanos (Aprodeh) anuncia que los abogados de las víctimas de violaciones a los derechos humanos solicitarán a los jueces que pongan la Constitución y la legislación internacional por encima de esta ley de amnistía y no lo apliquen por ser inconstitucional y violatoria de la legislación internacional. «Vamos a ir caso por caso, solicitando la inaplicación de esta ley, para que la Fiscalía no deje de investigar y el Poder Judicial no deje de juzgar a estos criminales. Ya lo hemos hecho con otras normas y hemos tenido jueces y fiscales que dan una lectura ya no solamente de acuerdo a la ley sino mirando la Convención Americana, la Constitución, la jurisprudencia internacional y nacional. No solamente vamos a pedir la inaplicación de esta ley en el ámbito nacional, sino estamos presentado acciones a nivel internacional, ante la CIDH, la Corte IDH, las Naciones Unidas».

Expresidente de la Corte IDH y relator especial de las Naciones Unidas para la independencia judicial, el jurista Diego García Sayán, coincide en que esta ley no debe ser aplicada por el poder judicial por ser ilegal. Está convencido que esta amnistía será revertida. «Estas leyes no pueden ser aplicables en el derecho internacional y tienden a ser revertidas por decisiones del sistema interamericano o del sistema de Naciones Unidas. Tengo la certeza de que jueces y juezas independientes, que los hay en el Perú, no aplicarán esta ley que viola la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. Quienes apliquen esta ley tendrán que responder legalmente. Este garrotazo contra la legalidad no va a prosperar».

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