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El primer lugar de Abelardo de la Espriella, un excéntrico empresario alineado con la extrema derecha, ha cambiado las condiciones de la campaña para el balotaje del 21 de junio próximo. A la cabeza de las encuestas durante toda la campaña, el candidato de izquierda Iván Cepeda debe revertir ahora el golpe político y anímico que significó el resultado.

El 31 de mayo, unos 41 millones de colombianos estaban llamados a las urnas para elegir al sucesor de Gustavo Petro, quien, conforme a la Constitución, no podía optar a un segundo mandato. Los comicios fueron vistos como un plebiscito sobre la continuidad de su proyecto político, basado en una mayor inversión social y el diálogo con grupos armados. Muchos medios destacaban que su popularidad era «inusualmente alta» para la fase final de su mandato, según algunas encuestas cercana a 50%, tras diversos traspiés durante su gestión. Pero la primera vuelta de las elecciones presidenciales concluyó con el sorpresivo primer lugar de Abelardo de la Espriella, un outsider de extrema derecha que se impuso con 43,7% de los votos, superando a Iván Cepeda, representante de la coalición oficialista, que obtuvo 40,9%. La senadora conservadora Paloma Valencia, candidata del sector del ex-presidente Álvaro Uribe, quedó muy por detrás de ambos candidatos y por debajo de sus propias expectativas al alcanzar un escaso 6,9%. La participación ascendió a 57,88%, la más alta registrada en una primera vuelta presidencial en la historia reciente del país.

Mientras que en 2022 Petro obtuvo un porcentaje similar (40,34%) pero quedó 12 puntos por encima del segundo, Cepeda comenzará el camino al balotaje del 21 de junio en desventaja. La mayoría de las encuestas le daban un cómodo primer lugar, por lo que el resultado fue un golpe anímico para su campaña.

«El Tigre» y la reconfiguración de la derecha

Una de las claves para comprender los resultados de la primera vuelta electoral -y las dinámicas que probablemente también definirán la segunda- es que la derecha colombiana, hegemonizada durante las últimas dos décadas por el uribismo, concurrió a las elecciones con dos candidaturas en competencia y, al igual que en los anteriores comicios presidenciales, fue nuevamente un candidato independiente quien logró atraer a la mayor parte de ese electorado y asegurar su paso al balotaje.

Como en otros países, la derecha radical terminó «comiéndose» el voto de la derecha tradicional. Si bien De la Espriella ha procurado proyectar una imagen ajena a las estructuras tradicionales de la derecha colombiana, forma parte del universo político del uribismo, con el que ha mantenido estrechos vínculos durante años.

De la Espriella se autodenomina «el Tigre», apodo que recuerda el utilizado por el presidente argentino Javier Milei, quien recurrió a la figura del león durante su campaña presidencial. La irrupción en la arena pública de este empresario, abogado penalista y propietario de sus propias marcas de ron y vino estuvo precedida por una intensa presencia en redes sociales donde exhibió sin pudor aviones privados, Rolls-Royce Phantom y casas en Miami, Bogotá y la campiña italiana. Una vida que, según él mismo declaró apenas un año antes de lanzar su candidatura, era demasiado buena como para cambiarla por la Presidencia.

Con un discurso plagado de insultos y descalificaciones antiizquierdistas, De la Espriella logró consolidar una amplia visibilidad pública incluso antes de anunciar su candidatura presidencial. Se declaró un «enemigo acérrimo» de los líderes de izquierda, «que hará todo lo posible para destriparlos y enfrentarles, determinada y decididamente», ya que «a esa plaga hay que erradicarla». Pero no se quedó ahí: construyó una campaña que lo presentó como un outsider dispuesto a desafiar a la clase política tradicional y a reformar profundamente el sistema político colombiano.

En materia económica, De la Espriella defiende un programa de austeridad y promete reducir drásticamente el tamaño del Estado. Entre sus principales propuestas, figura un recorte de 40% del gasto público, una medida que, según sostiene, permitiría sanear las finanzas y aumentar la eficiencia del aparato estatal.

Su programa –bautizado «País Milagro»– mezcla el lenguaje empresarial de las startups con promesas como la fumigación aérea de 330.000 hectáreas de cultivos ilícitos, el restablecimiento del control territorial en zonas dominadas por grupos armados en un plazo de 90 días –para lo que ha invocado, sin aparente ironía, el concepto de «pax romana»– y la construcción de diez megacárceles de máxima seguridad administradas por operadores privados e inspiradas en el modelo Bukele. Para ejecutar todo ello, ha anunciado que necesita el apoyo de Estados Unidos e Israel, lo que incluye aviones estadounidenses para bombardear campamentos «narcoterroristas» desde los primeros días de su gobierno.

En sus primeros pasos como candidato, De la Espriella planteó retirar a Colombia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en línea con las denuncias de la extrema derecha contra ese organismo, al que calificó, junto a la Organización de Estados Americanos (OEA), de «directorio político de la izquierda». Por lo demás, el candidato llegó a la primera vuelta con un pasado profesional polémico: durante años fue abogado defensor del colombiano Alex Saab, considerado el principal operador financiero del régimen de Nicolás Maduro, y a una semana de las elecciones el periodista Daniel Coronell publicó documentos que acreditarían transferencias por más de 370.000 dólares desde empresas vinculadas a Saab hacia cuentas asociadas al candidato. De la Espriella calificó la revelación de «montaje político» y no perdió ni un punto en las encuestas.

Durante la campaña, recurrió de forma sistemática a los medios de comunicación y a las redes sociales para presentar al candidato progresista no solo como un adversario político, sino como una amenaza para la estabilidad económica, la seguridad y las instituciones democráticas del país. En ese marco, se difundieron reiteradamente acusaciones y contenidos falsos sobre supuestos vínculos de Cepeda con antiguos comandantes guerrilleros, que buscaban asociar su candidatura a la violencia política y el conflicto armado.

Los dos aspirantes de derecha coinciden en la necesidad de abandonar los enfoques de negociación impulsados en los últimos años y apostar por una estrategia de confrontación más directa contra las organizaciones armadas. Para ello, plantean estrechar aún más la cooperación militar con Estados Unidos y promover una versión renovada del Plan Colombia, que durante las primeras décadas del siglo XXI constituyó el principal marco de colaboración en materia de seguridad entre Bogotá y Washington.

Cepeda y la consolidación de la izquierda colombiana

Iván Cepeda -hijo del dirigente comunista y senador de la Unión Patriótica Manuel Cepeda, asesinado en 1994 durante la campaña de exterminio contra ese movimiento político- contó con el respaldo de Petro. Sin embargo, los resultados de la primera vuelta mostraron que la consolidación de la izquierda como fuerza política va mucho más allá de la figura del presidente. Ya en las elecciones legislativas de marzo de 2026, el bloque progresista se había convertido en la principal fuerza del Congreso y ahora obtuvo 40% de los votos.

Cepeda es una de las figuras más reconocidas de la izquierda colombiana. A lo largo de las últimas décadas, ha desempeñado un papel destacado en distintos esfuerzos de negociación con grupos armados, incluido el proceso de paz con las ya desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y los posteriores diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). También adquirió notoriedad por su participación en el proceso judicial que condujo a la condena inicial de Álvaro Uribe por manipulación de testigos en una causa relacionada con sus presuntos vínculos con estructuras paramilitares.

En materia programática, Cepeda propone profundizar el rumbo reformista iniciado durante el gobierno de Petro. Bajo el actual gobierno se impulsó la reforma agraria más ambiciosa de las últimas décadas, que incluyó la distribución de una cantidad de tierras sin precedentes y la formalización de títulos de propiedad para comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas. Asimismo, el gobierno promovió transformaciones territoriales, logró reducir significativamente los índices de pobreza, aumentó de manera sostenida el salario mínimo y aprobó reformas laborales y previsionales largamente reclamadas por sectores populares. Pero, a pesar de algunos avances sociales, Colombia continúa figurando entre los países con mayores niveles de desigualdad del mundo. El mercado laboral sigue marcado por una elevada informalidad, que afecta a cerca de seis de cada diez trabajadores, mientras que los niveles de inversión permanecen por debajo de las expectativas. Al mismo tiempo, la decisión del gobierno de suspender la aprobación de nuevos proyectos de exploración petrolera y gasífera ha generado incertidumbre entre algunos sectores empresariales. La emigración de cerca de un millón de colombianos en los últimos años también es interpretada por muchos analistas como una señal del persistente malestar económico y social que atraviesa amplios sectores de la población.

Pero la campaña de Cepeda tuvo déficits propios señalados por varios analistas. Aunque aparece como una persona ética y coherente, carece del magnetismo emocional de Petro para conectarse con las multitudes. En palabras de Juanita León, directora de La Silla Vacía, «Iván Cepeda es muy de izquierda pero no es populista. No lo hemos escuchado prometiendo cosas absurdas, no divide al mundo entre enemigos. Pero eso que puede ser una fortaleza para un presidente puede ser una debilidad para un candidato».

A esto se sumó una decisión táctica posiblemente equivocada: Cepeda optó por no participar en debates y concedió escasas entrevistas, apostando por recorridos territoriales con discursos estructurados de antemano. La estrategia le permitió blindarse frente a los ataques, pero también limitó su exposición y su capacidad de construir un relato propio más allá del aparato petrista. La propia Carolina Corcho, senadora electa del Pacto Histórico, reconoció públicamente «errores» en la campaña –en particular, en la estrategia de redes sociales–, mientras que la ex-alcaldesa de Bogotá Claudia López, ubicada en el centro, apuntó mientras debe decidir su posición en el balotaje: «Yo sé que Iván es un hombre decente, pero Iván querido, no te pueden hacer la campaña eternamente. Llegó la hora de asumir el liderazgo de tu propia campaña, de poner la cara, de debatir y de defender tus tesis».

Mientras De la Espriella propone una estrategia basada en la confrontación militar y el endurecimiento de la política de seguridad, Cepeda sostiene que la violencia no puede entenderse ni resolverse exclusivamente por la vía armada. A su juicio, los conflictos que persisten en amplias regiones del país están estrechamente vinculados a profundas desigualdades sociales, a la exclusión histórica de vastos sectores de la población y al abandono estatal de numerosos territorios rurales. Por ello, además de mantener los esfuerzos de negociación con los grupos armados, Cepeda plantea la necesidad de impulsar reformas estructurales que reduzcan la pobreza, fortalezcan la inversión social y amplíen las oportunidades para los sectores históricamente marginados. En particular, insiste en que será imposible consolidar economías campesinas sostenibles y construir una paz duradera mientras millones de colombianos sigan careciendo de acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad, infraestructura vial y conectividad.

Al mismo tiempo, Cepeda sostiene que un nuevo gobierno progresista solo puede tener éxito si mantiene una relación estrecha con los movimientos sociales y las organizaciones populares que impulsaron el ciclo de cambios inaugurado en 2022. En este contexto debe entenderse su decisión de escoger como candidata a la Vicepresidencia a Aida Quilcué, ex-senadora indígena nasa y una de las principales dirigentes del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). La elección fue interpretada como una señal de que el Pacto Histórico no está dispuesto a moderar sustancialmente su programa ni a distanciarse de sus bases sociales para ampliar su atractivo electoral. Con esta fórmula, la coalición progresista ha buscado proyectar hacia la Presidencia liderazgos surgidos de las luchas sociales y territoriales, en especial de sectores históricamente marginados de los espacios de poder estatal. Quilcué nació en un resguardo indígena del departamento del Cauca y ha dedicado gran parte de su trayectoria política a la defensa de los derechos indígenas, la protección de los territorios ancestrales y la construcción de propuestas de paz desde las comunidades.

Dos visiones opuestas

Más allá de las diferencias en materia económica, social y de seguridad, la segunda vuelta presidencial también definirá el rumbo de la política exterior colombiana. Una victoria de Abelardo de la Espriella supondría un retorno a la estrecha alineación con Washington que caracterizó la política exterior colombiana durante buena parte de las últimas décadas.

Heredero político del uribismo y cercano a los sectores conservadores y oligárquicos que respaldan a Donald Trump, De la Espriella ha dejado claro que buscaría reconstruir la relación privilegiada con Estados Unidos, que durante años constituyó uno de los pilares estratégicos del Estado colombiano. En el ámbito económico, un gobierno de De la Espriella probablemente pondría fin a los esfuerzos por acelerar la transición energética impulsados por Petro y promovería una mayor apertura a la inversión privada en los sectores extractivos. Esta estrategia está en consonancia con los intereses de las grandes corporaciones transnacionales, particularmente estadounidenses, vinculadas a la explotación de hidrocarburos y recursos mineros. Al mismo tiempo, contribuiría a reforzar la tradicional alineación de Colombia con Washington en un contexto de creciente competencia geoeconómica entre Estados Unidos y China por la influencia en América Latina.

Por el contrario, una victoria de Iván Cepeda significaría la continuidad de la orientación inaugurada por el gobierno de Petro. Aunque Estados Unidos seguiría siendo el principal socio comercial de Colombia, un gobierno de Cepeda intentaría preservar mayores márgenes de autonomía en política exterior, profundizando una estrategia de diversificación de alianzas internacionales y fortaleciendo las relaciones con actores como China, la Unión Europea y otros países del Sur global. El objetivo sería ampliar los márgenes de maniobra del Estado colombiano frente a las tradicionales estructuras de dependencia que han caracterizado su inserción internacional.

La cuestión de la seguridad se ha convertido, al mismo tiempo, en uno de los temas centrales de la contienda electoral. El asesinato del candidato presidencial Miguel Uribe en junio de 2025 evocó los episodios más oscuros de la historia reciente del país y puso de manifiesto el deterioro de la situación de orden público. Desde entonces, Colombia ha experimentado una nueva escalada de violencia. Los últimos meses han estado marcados por atentados, secuestros y ataques armados que han dejado decenas de muertos y heridos. A pesar del acuerdo de paz firmado con las FARC en 2016, amplias regiones del país continúan afectadas por los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas, las disidencias de las FARC, la guerrilla del ELN, grupos paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y organizaciones vinculadas al narcotráfico. En amplias zonas del país, la desmovilización de las FARC no se tradujo en una pacificación duradera.

El último informe de la ONU sobre el Acuerdo de Paz alerta sobre los obstáculos que siguen enfrentando amplios sectores para ejercer sus derechos políticos: en regiones como Catatumbo, Cauca y Guaviare persisten los desplazamientos forzados y los enfrentamientos entre grupos ilegales. Solo en lo que va del año, cientos de personas han perdido la vida y cientos de miles se han visto obligadas a abandonar sus hogares. Es en este contexto de deterioro de la seguridad donde se juega, en buena medida, el resultado del 21 de junio. En un video difundido durante la campaña, De la Espriella prometió, con su lenguaje habitual, «cazar a esas alimañas».

Lo que está en juego

La segunda vuelta presidencial representa un momento decisivo para Colombia. Cuatro años después de la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia, la izquierda ha demostrado que puede convertirse en una fuerza electoral competitiva y disputar con éxito el poder estatal. Sin embargo, la experiencia del gobierno de Petro mostró la capacidad de las elites económicas, políticas y mediáticas para limitar el alcance de las reformas mediante bloqueos institucionales, confrontaciones judiciales y campañas permanentes de desgaste. Una eventual victoria de Cepeda abriría la posibilidad de profundizar las transformaciones iniciadas en 2022, pero probablemente también intensificaría la resistencia de aquellos sectores que perciben estas reformas como una amenaza a sus intereses históricos. Por el contrario, un triunfo de De la Espriella significaría el retorno al poder de los sectores que dominaron la política colombiana durante gran parte de las últimas décadas. Ello supondría una recomposición del bloque conservador integrado por grandes grupos económicos, elites terratenientes, sectores del uribismo y actores vinculados a las estructuras tradicionales de poder.

Lo que está en juego el 21 de junio es si el ciclo político abierto con la llegada de Petro al gobierno logra consolidarse y erosionar gradualmente la influencia de las elites oligárquicas que históricamente han controlado el Estado, o si estas consiguen reorganizarse y recuperar plenamente el poder político a través de una nueva expresión electoral de la derecha.

Las perspectivas de cara al 21 de junio son inciertas: las encuestadoras fallaron en la primera vuelta, cuando prácticamente todas situaban a Cepeda en primer lugar. De la Espriella llega al balotaje con tres ventajas estructurales: la inercia del primer lugar, el apoyo formal de Paloma Valencia –respaldada a su vez por Álvaro Uribe y la dirección del Centro Democrático– y el voto anti-Cepeda.

Cepeda necesita que sectores abstencionistas próximos a la izquierda, que no acudieron en primera vuelta, se movilicen ante la perspectiva concreta de un gobierno de De la Espriella. El resultado dependerá en buena medida de cuál de estas dos lógicas –la consolidación del voto de derecha unificado o la movilización del electorado progresista– se imponga el 21 de junio.

Si bien Cepeda tendrá una campaña mucho más cuesta arriba de la que todos imaginaron, sigue contando con posibilidades reales de victoria. La elevada participación de la primera vuelta no agotó por completo el potencial de movilización del campo progresista, y una campaña centrada en los riesgos que implicaría un retorno de la derecha al poder podría contribuir a cerrar la brecha. Para ello, Cepeda deberá convertir la segunda vuelta en una disputa claramente polarizada entre la profundización de las transformaciones iniciadas bajo Petro y la restauración de las fuerzas políticas, económicas y sociales que han desempeñado un papel central en la reproducción de las profundas desigualdades y los ciclos de violencia que tanto han marcado la historia del país.

NUEVA SOCIEDAD