BLOG

El presidente de Bolivia, Luis Arce, recibió este lunes el informe final de la Comisión de la Verdad que investigó los crímenes durante las dictaduras de 1964 a 1982 en el país, y el mandatario enfatizó que esas situaciones «no pueden volver a ocurrir» y que se buscará hacer justicia por «actos impunes» que han «tratado de ocultar la verdad».

En un acto en la Casa Grande del Pueblo en La Paz, Arce, junto al vicepresidente David Choquehuanca y el ministro de Justicia, Iván Lima, recibieron el informe final de las manos de la presidenta de la Comisión de la Verdad, Nila Heredia, sobre sus investigaciones de las violaciones de derechos humanos durante las dictaduras militares en el país.

Arce en su discurso enfatizó que ese informe servirá para «esclarecer» la historia de los bolivianos y que esa indagación que está distribuida en once tomos debe estar en las bibliotecas de las universidades para que esos hechos «no puedan volver a ocurrir».

Heredia indicó que la documentación recabada en la investigación de esta comisión, que se formó en 2017, se depositó en la biblioteca de la Asamblea Legislativa Plurinacional, siendo 1.064 cajas con información.

Entre las conclusiones está «el enorme daño económico, social y cultural al Estado» producido por las dictaduras suscitadas de 1964 a 1982 en el país, además de la recomendación de «no repetición de estos hechos».

La presidenta de esa comisión sostuvo que la investigación cuenta con documentación de distintos ministerios, testimonios y archivos «desclasificados» de las Fuerzas Armadas que «contribuyen» a que el Estado resuelva «la deuda» que tiene con la «población».

Una de las principales tareas era encontrar los restos del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, desaparecido durante el golpe militar de Luis García Meza (1980-1981), que falleció en 2018 y que fue sentenciado a 30 años de cárcel por delitos durante su dictadura.

Heredia sostuvo que no se descarta la «hipótesis» que haya sido enterrado en el Cementerio General de La Paz en una tumba con un «nombre desconocido» o que fuera sepultado por el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, ya que los restos que la familia recibió pasaron por laboratorios de Argentina, pero con «resultados infructuosos».

«Pueden hacer desaparecer nuestros cuerpos, pero el pensamiento revolucionario está con nosotros y vamos a continuar con el pensamiento de Marcelo Quiroga Santa Cruz», sostuvo Arce.

Se cree que durante el periodo 1964-1982 las dictaduras militares dejaron a 1.392 personas asesinadas, 486 desaparecidos y 2.469 exiliados, según datos del jesuita español Federico Aguiló y que son cifras de referencia para la investigación.

Los expedientes fueron entregados en 2019 a la entonces senadora Eva Copa y ahora se otorgó el informe final al mandatario boliviano.

«QUE SE HAGA JUSTICIA»

«Hoy más que nunca esta comisión revela la necesidad de decirle siempre al pueblo boliviano la verdad, todos tienen que ser responsables de sus actos y tienen que asumir sus responsabilidades», manifestó Arce en su discurso en ese acto.

El mandatario recalcó que lo que «mueve» a su Gobierno es «fundamentalmente una inquebrantable necesidad» de que «se haga justicia» y que ahora mismo la gente de la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, exige esto porque «han quedado muchos actos impunes».

Arce hacía referencia a la crisis política y social que Bolivia vivió en 2019 tras las elecciones fallidas de ese año que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la presidencia en la que fallecieron al menos 36 personas en las llamadas «masacres» de Senkata en El Alto y Sacaba en la central Cochabamba en enfrentamientos con el Ejército y la Policía que están en investigación.

«El pueblo de El Alto nos delegaba la tarea de hacer justicia, es muy importante, han quedado muchos actos impunes en nuestro país y se ha tratado de ocultar la verdad», sostuvo Arce.

La crisis que atravesó Bolivia después de las elecciones del 20 de octubre y que prosiguió después de la dimisión de Morales dejó al menos 36 fallecidos, 832 heridos y unos 109 detenidos, según la Defensoría del Pueblo.

EFE