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Si con su sanción por dos meses a una legisladora opositora los diputados del gobernante Partido Colorado buscaban un castigo de silencio desde su escaño, lo que han conseguido también es llevar a la sociedad paraguaya un debate sobre la libertad de expresión de los parlamentarios y sobre la salud democrática del oficialismo.

Deriva antidemocrática o sesgo autoritario son algunas de las expresiones con las que opositores, organismos civiles y asociaciones de profesionales se refieren a la sanción que aprobó la Cámara de Diputados, promovida por el oficialismo, a la diputada Celeste Amarilla.

Amarilla, del Partido Liberal, el mayor de la oposición, recibió esa sanción la semana pasada, después de que declarara en una anterior audiencia parlamentaria que al menos 60 de los 80 diputados ocupaban su escaño gracias a «dinero sucio o dinero de origen espurio».

La Cámara Baja, donde el Partido Colorado es mayoría, se ratificó esta semana en la sanción tras votar contra una propuesta para su revocación a iniciativa de varios diputados opositores.

La acción parlamentaria colorada, lejos de plantear el debate sobre la siempre cuestionada financiación de los partidos, ha desembocado además en otro punto: el supuesto proceder anticonstitucional de esa sanción y de los congresistas que la aprobaron.

QUEBRANTAMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO

En el asunto entró hoy la Iglesia católica, a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Paraguaya, que advirtió de un «quebrantamiento del Estado de derecho» tras esa sesión en Diputados.

En su comunicado, los obispos se refirieron además a «deformaciones del sistema democrático», entre la que citaron a «la corrupción política», otra de las cuestiones de fondo que anidan en en el país sudamericano.

El concepto de quiebre constitucional ya fue utilizado esta semana por algunos diputados opositores que presentaron una carta a la Unión Europea y a Parlamentos de otros países explicando lo ocurrido.

Y significando que el caso significa asimismo una «embestida autoritaria».

En ese escrito hicieron constar que la sanción a Amarilla viola el artículo 191 de la Constitución, que establece que «ningún miembro del Congreso podrá ser acusado judicialmente por las opiniones que emita en el desempeño de sus funciones».

CARTES Y ABDO BENÍTEZ

Con ese ejemplo, y en el marco del Congreso, desde gran parte de la oposición se señala al Partido Colorado como exponente de unos modos antidemocráticos que remiten a la dictadura de Alfredo Stroessner, que entre 1954-1989 dirigió el país con el apoyo de esa fuerza política.

Un sesgo que según algunos analistas está reforzado desde semanas atrás, cuando el coloradismo alcanzó a un acuerdo de unidad entre sus dos sectores hasta entonces enfrentados: el del presidente del país, Mario Abdo Benítez, y su antecesor, Horacio Cartes.

De hecho, tanto Amarilla como otros dirigentes liberales afirman que Abdo Benítez se ha plegado al poder de Cartes, quien controla una bancada de diputados y tiene como miembro de su sector a Pedro Aliana, el presidente del partido.

SENADO APELA A CORREGIRSE A DIPUTADOS

Lejos de diluirse, el eco de la sanción se trasladó este jueves al Senado, que apeló a la Cámara Baja a revocar la sanción impuesta a Amarilla.

La declaración de hoy del Senado, donde los colorados no tienen la abrumadora presencia que ostentan en la Cámara Baja, fue aprobada con 26 votos a favor, dos en contra y diez abstenciones, y tras una iniciativa de los liberales.

Durante la sesión, el senador Salyn Buzarquis, autor del proyecto de declaración, dijo que no se trata «de una simple sanción», sino de algo más grave.

«Están violando la Constitución Nacional; jurídicamente están violando la Constitución, tratados internacionales, derechos fundamentales, derechos universales», dijo el senador.

Buzarquis llamó a los diputados que votaron por la sanción a Amarilla a que reconsideren esa decisión y contribuyan a reconstruir la constitucionalidad de la República.

Desde fuera del escaño, Amarilla, presentó esta semana una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia por esa sanción.

Y pidió a su sustituto liberal por estos dos meses, quien se negó a ocupar el escaño en solidaridad con ella, que recapacite para que este no caiga en el siguiente en la lista, una diputada colorada del sector cartista.

EFE