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El Gobierno de Argentina anunció el lunes (9) la intervención y posterior nacionalización por vía parlamentaria de Vicentin, la sexta mayor exportadora de granos, aceites y harinas del país sudamericano. El presidente Alberto Fernández dijo que el “rescate” de la empresa, en cesación de pagos por 1.350 millones de dólares desde diciembre, permitirá al Estado tener una basa en el mercado más dinámico y moderno de Argentina. “El debate habrá que darlo en el Congreso. Ahí van a tener oportunidad de compararnos con Venezuela, con el infierno y con todas las otras cosas”, dijo Fernández, anticipándose a las críticas de la oposición. Desde el macrismo consideraron que la medida fue “peligrosa, ilegal e inconstitucional”.

Vicentin es una empresa familiar fundada hace 90 años en el norte de la provincia de Santa Fe, corazón de la cuenca cerealera argentina. El año pasado despachó 300 buques cargados de soja, maíz, harinas, aceites, carne y biocombustibles y facturó 4.255 millones de dólares. Sus tentáculos llegan incluso a la producción de vinos, miel e hilados, con oficinas en Uruguay, Brasil y Paraguay. La suerte de la compañía cambió a mediados del año pasado, hacia el final del Gobierno de Mauricio Macri. Junto con la depreciación del peso frente al dólar, la empresa no resistió la subida de los intereses que le cobraba el Banco Nación (entidad pública) para el fondeo de gastos corrientes. La tasa pasó del 7% anual a más del doble y se hizo insostenible. En diciembre pasado, Vicentin debía a bancos y productores de materia prima (sus clientes) 1.350 millones de dólares, de los cuales 350 millones corresponden al Banco Nación.

La virtual quiebra de Vicentin causó un terremoto financiero en la cadena productiva argentina, donde cientos de productores que habían adelantado sus entregas se quedaron sin cobrar. Sus activos serán ahora gestionados por YPF Agro, la empresa de la petrolera estatal que se dedica a la comercialización de granos, fertilizantes y combustibles para el campo. “Nos enteramos [de la intervención] por los medios y protegeremos nuestros derechos. El camino elegido nos llena de incertidumbre y preocupación”, dijo la dirección de la empresa en un comunicado, donde recuerda que Vicentin “ha manifestado reiteradamente la voluntad de honrar los compromisos asumidos» al juez que lleva el concurso de acreedores. Los propietarios revelaron incluso que estaban en tratativas para sumar a YPF Agro como socia de la compañía.

El proyecto de ley de expropiación fue obra de una joven senadora ultrakirchnerista, Anabel Fernández Sagasti. Ante la ola de críticas, el presidente Fernández tuvo que aclarar que detrás de la intervención no está la mano de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a la que la oposición asocia a estatizaciones anteriores que terminaron con pérdidas para el Estado, como la petrolera YPF y Aerolíneas Argentinas. El presidente dijo, además, que su intención no es avanzar hacia un modelo socialista, en referencia clara a Venezuela: «No estamos expropiando una empresa próspera. Si la empresa estuviera funcionando normalmente, no hubiera pensado en nada de esto. Esa es la diferencia entre nuestra decisión y cualquier política intervencionista o socialista”.

La intervención de Vicentin permitirá al Gobierno contar con un actor de peso en el principal mercado exportador de Argentina, responsable del 70,5% del ingreso de divisas. El agro es, además, el único sector que ha sobrevivido a la crisis y a la cuarentena contra el coronavirus, que tiene paralizada a la economía argentina desde el 20 de marzo. Según datos del Indec, la oficina de estadísticas oficiales, las exportaciones de origen industrial cayeron en abril un 58,3%, pero las de materias primas subieron un 10,8%. Es tanto el peso de los exportadores de cereales que la liquidación de sus divisas mueve la cotización del dólar en el mercado interno. Los impuestos a las exportaciones son otra fuente de recursos extraordinarios para el Estado y origen de tensiones constantes con el sector. El Gobierno tendrá ahora “una empresa testigo muy importante de granos”, advirtió Fernández.

Para la oposición macrista, en cambio, la noticia no es para festejar. Remarcan que con esta medida surge “el verdadero kirchnerismo”, al que consideran estatista y vinculado a las ideas del fallecido Hugo Chávez. En un extenso comunicado, el partido del expresidente Mauricio Macri, Pro, advirtió que la intervención es “peligrosa, ilegal e inconstitucional”. “Con la excusa de la ’soberanía alimentaria’, la expropiación de Vicentin puede ser el primer paso para avanzar en una mayor regulación del mercado de granos, que funciona bien”, denunciaron. Para exministro de Agricultura de Macri, José Luis Etchevehere, “es una muy mala señal si el Estado se pone a ponerle precio político a los productos”. La guerra por el futuro de Vicentin es también ideológica.

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