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El GHREN concluye que “Daniel Ortega, Rosario Murillo y altos funcionarios del Estado deben ser sometidos a investigaciones judiciales por su responsabilidad en crímenes”

A pesar de que en Nicaragua es imposible realizar protesta o crítica alguna contra el gobierno de Daniel Ortega desde hace varios años, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), adscrito a Naciones Unidas, alertó de que el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue perpetrando graves violaciones sistemáticas de los derechos humanos por razones políticas, equivalentes a “crímenes de lesa humanidad”.

En un informe de seguimiento presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, durante su 55 período de sesiones este 29 de febrero de 2024, los expertos denuncian que la represión durante 2023 experimentó “un exponencial de patrones de violaciones centrados en incapacitar cualquier tipo de oposición a largo plazo”.

La persecución por parte del Gobierno de Nicaragua de personas opositoras reales, o percibidas como tales, se ha vuelto más sutil, de acuerdo con el GHREN, que es encabezado por el jurista alemán Jan-Michael Simon. “Se perpetran violaciones, abusos y crímenes no sólo para desmantelar los esfuerzos activos de la oposición, sino también para eliminar todas las voces críticas y disuadir, a largo plazo, cualquier nueva organización e iniciativa de movilización social”, insisten.

En marzo de 2023, el GHREN presentó un primer informe sobre la situación en Nicaragua y concluyeron de entrada que Ortega y Murillo, así como funcionarios de agencias y estructuras del régimen sandinista, “han cometido y siguen cometiendo graves y sistemáticas violaciones y abusos a los derechos humanos” y crímenes de lesa humanidad.

En esta nueva ocasión, los expertos destacan más crímenes de lesa humanidad, como el destierro y la apátrida en contra de 317 nicaragüenses. “Esos crímenes se perpetraron en el contexto de una política discriminatoria aplicada intencionalmente desde los más altos niveles del Gobierno, lo que constituye prima facie el crimen de lesa humanidad, de persecución por motivos políticos”, subraya el documento que fue compartido con EL PAÍS.

Persecución extraterritorial

“Nicaragua está atrapada en una espiral de violencia marcada por la persecución de toda forma de oposición política, real o percibida, tanto en el interior como en el exterior. Además, el Gobierno ha consolidado una espiral de silencio que incapacita a cualquier oposición potencial”, señaló Simon en su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos.

Un nuevo elemento que destaca el GHREN es que la represión de Ortega-Murillo se ha extendido más allá de las fronteras de Nicaragua, es decir ya es de corte extraterritorial. “Dados los efectos de la privación de su nacionalidad y personalidad jurídica, la falta de acceso a documentación oficial y apoyo consular, así como otras violaciones que impiden la reunificación familiar y afectan ampliamente las condiciones para subsistir”, detalló la experta Ángela Buitrago.

Las personas que fueron nacionales nicaragüenses son apátridas sin derecho a recursos jurídicos; otras tantas padecen condiciones similares causadas por la apatridia, lamentó Buitrago. A su vez, los familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos son objetivo del Gobierno sólo por estar relacionados con opositores reales o percibidos como tales. Estas “violaciones por extensión” son particularmente graves cuando se trata de niños y niñas.

“Los niños y niñas han sido violentados debido a su relación parental o a las actividades y/u opiniones expresadas por sus padres o familiares. Las deportaciones y prohibiciones de ingreso a Nicaragua han resultado en la separación de varios niños y niñas de sus padres. A varios de ellos se les ha negado la expedición de pasaportes válidos para reunirse con sus padres en el extranjero”, agrega por su parte una nota de prensa difundida por el equipo del GHREN.

Los expertos documentaron 145 casos de nicaragüenses a quienes se prohibió la entrada en el país. Este acto muestra un patrón de violación que vulnera el derecho a la libertad de circulación y a la libre elección de residencia, y a su vez, deja a las víctimas condiciones de gran vulnerabilidad similares a las que provoca la apátridia.

Cadena de mando

En su primer informe el GHREN descargó la responsabilidad de crímenes de lesa humanidad en contra de la pareja presidencial, pero en esta ocasión han ido más allá: identificaron la cadena de mando represiva del aparato sandinista dentro de diversas instituciones, órganos y organismos del Estado.

“El Grupo identificó que el presidente [Ortega] y la vicepresidenta [Murillo] dan órdenes e instrucciones –directamente o a través de asesores de confianza– a las diferentes instituciones que tienen que llevar a cabo actos represivos contra opositores reales o percibidos y sus familiares”, recoge el informe.

Los expertos reiteraron que la “instrumentalización de todos los poderes del Estado”, especialmente del Poder Judicial, ha impedido que se inicien procedimientos contra los autores de la represión. Más bien, los ha protegido de la rendición de cuentas con la ley de amnistía, aprobada en junio de 2019. El grupo pone como ejemplo el caso de la estudiante brasileña Raynéia Lima, asesinada en 2018 por un paramilitar sandinista. En este caso, alertan que la impunidad se extiende a jurisdicciones extranjeras.

“El Ministerio Público brasileño dijo a los abogados de la madre de Lima ‘que el Gobierno de Nicaragua se había negado a acceder a la solicitud de asistencia jurídica internacional de las autoridades brasileñas’, quienes pidieron ver el expediente del responsable de su muerte. La razón fue porque el culpable salió bajo amnistía”, recoge el GHREN.

La experta independiente Ariela Peralta insistió en que la centralización del poder no sólo garantiza la impunidad de los perpetradores, sino que también socava los esfuerzos por lograr la rendición de cuentas. “El Gobierno se ha asegurado de permanecer en una burbuja cada vez más sólida para perpetuarse en el poder y aniquilar a cualquiera que intente romper esa burbuja”, sostuvo.

Otro llamamiento a la comunidad internacional

A la luz de estos nuevos hallazgos, los expertos de Naciones Unidas volvieron a hacer un llamamiento enérgico a la comunidad internacional. “El presidente Ortega, la vicepresidenta [Rosario] Murillo y los funcionarios de alto nivel identificados en la investigación deben rendir cuentas ante la comunidad internacional, al igual que Nicaragua como Estado que persigue a su propio pueblo, apuntando a estudiantes universitarios, pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, campesinos y miembros de la Iglesia católica y de otras confesiones cristianas”, afirmó Jan Simon.

El Grupo instó a la comunidad internacional a tomar medidas inmediatas, en particular ampliando las sanciones contra personas e instituciones involucradas en violaciones de derechos humanos. “Las sanciones son una forma mínima de rendición de cuentas en un país donde la impunidad y la criminalización de la democracia son la regla”, recomiendan los expertos. En ese sentido, piden a la comunidad internacional a hacer uso de sus conclusiones en materia de relaciones y políticas de seguridad, financieras y comerciales, ya sea en el marco del Grupo de Acción Financiera Internacional, el Fondo Monetario Internacional, o cuando condicione el acceso preferencial de Nicaragua a mercados sobre el cumplimiento de objetivos de política no comercial, entre otras cosas.

El régimen de Ortega-Murillo rechazó el informe bajo el argumento de que los expertos, para su reporte, tomaron “los insumos de criterios manipulados, de personas financiadas para tergiversar la realidad”. “El efecto sobre la población nicaragüense es devastador. Al pueblo de Nicaragua y a la comunidad internacional le tomará una cantidad significativa de tiempo y recursos recuperar todo lo perdido bajo el gobierno del presidente Ortega y el vicepresidente Murillo”, lamentó Jan-Michael Simon.

EL PAÍS