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La comunidad internacional ha mirado con recelo las imputaciones a la activista, que ocurren tras semanas de detenciones arbitrarias de políticosmiembros de la sociedad civil, pero también de ciudadanos comunes, como un señor que grabó con el móvil al recién liberado a Álex Saabfue apresado. Después le llegó el turno al Alto Comisionado de la ONU, que en un tuit criticó que San Miguel hubiese sido sometida a una «desaparición forzosa», ya que después de que la interceptara el servicio de inteligencia militar no se informó que había sido detenida ni dónde se encontraba. Ni su abogado ni su familia pudo contactar con ella durante días. El asunto alteró de tal forma a los jerarcas chavistas que ejecutaron la expulsión de todos los funcionarios de la entidad.

«Para el resto de América Latina no es ajeno lo que ocurra en Venezuela, menos si ello enfrenta a Naciones Unidasla plena vigencia de los derechos humanos. Hemos llegado a un año donde se aproxima una elección presidencial, pero la tendencia asumida por el gobierno de Venezuela contra los opositorescríticos a sus políticas anticipan un nulo reconocimiento a los resultados de esa consulta electoral. El gobierno del presidente Maduro ha quebrado los compromisos acordados en Barbados entre el oficialismola oposición», se lee en el texto que ha hecho público la Mesa de Reflexión Latinoamericana, en la que se encuentra también el expresidente de Bolivia, Eduardo Rodríguez, o el excandidato presidencial colombiano, Sergio Fajardo. «La democracia venezolana», continúa el escrito, «solo recuperará el camino hacia una condición de respeto en el mundo si sus ciudadanos pueden entregar su voto en un escenario de plena vigencia de los derechos humanosde libertades políticas donde la pluralidad sea efectiva».

El grupo destaca que las carencias bajo las cuales vive el pueblo venezolano «son evidentes». La alimentación, expresan, es precariala pobre ha aumentado, lo que ha provocado el gran éxodo de venezolanos a otros países, como el caso de Colombia, que ha recibido a dos millones. «Los colaboradores del Alto Comisionado de la ONU sobre Derechos Humanos han estado allí para detectar la realidaddesde esas verdades contribuir a diseñar los planes del gobierno para superarlas. Expulsarlos por hacer su tarea solo expresa una miopía políticauna obstinación autoritaria en mantener el poder, por encima de una mirada conjunta como nación sobre las mejores vías para salir de la crisis», añaden.

Los intelectuales apelan al Consenso de Brasilia, un mecanismo de integración sudamericana, del que forma parte Venezuela, que tiene objetivo es fortalecer los lazos entre los países vecinos más allá de la ideología de sus gobiernos, que en el pasado ha supuesto dejar en suspenso proyectos comunes. A su entender, los recientes anuncios del Gobierno de Maduro van «en sentido contrario». «Esto reclama mayores esfuerzos a los gobiernos, de las fuerzas políticasde la comunidad regional para lograr que esa tendencia dictatorialantihistórica no se consolide».

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