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El presidente ultra de Argentina lanza un plan para retirar a más de 20.000 trabajadores del Estado, después de haber cesado a 77.000 en casi tres años

Con la actividad económica amenazada por la recesión, con los ingresos y el consumo deteriorados, Javier Milei vuelve a enarbolar la motosierra en Argentina. Desde que el presidente ultra entró en la Casa Rosada, a fines de 2023, ya hizo salir del Estado nacional a más de 77.000 trabajadores. Ahora va por más y su objetivo inmediato es acercarse a los 100.000 cesantes: el Gobierno presentó un programa de retiros voluntarios con el que espera apartar a 20.000 empleados estatales. De conseguirlo, habrá eliminado cerca del 25% de la planta de personal de la administración pública.

«El ajuste lo va a pagar la casta política», fue una de las promesas de campaña que llevó a Milei al Gobierno. Una vez en el poder, el eslogan se combinó con lo que el presidente admite es su «odio al Estado» y, en busca del equilibrio fiscal, propició desde el recorte de jubilaciones y pensiones, de los presupuestos para educación y salud públicas, hasta una abrupta caída de los salarios estatales, hoy 15 puntos porcentuales debajo del valor real que tenían tres años atrás. Junto con el ajuste, el presidente impulsó los despidos.

El sector público nacional, incluyendo a las empresas y sociedades estatales, contaba en 2023 con 341.465 trabajadores, según el instituto nacional de estadísticas (Indec). Hoy esa planta cuenta con 269.025 empleados, de acuerdo al informe del Indec de agosto, último dato disponible. Es decir, habría 72.440 trabajadores menos. Pero el propio Ejecutivo estima que el drenaje de trabajadores fue mayor. El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado publicó que, también hasta agosto, la reducción alcanzaba a 77.515 puestos de trabajo, una cifra en la que incluyó a trabajadores cesantes en fuerzas de seguridad y militares. «Esta reestructuración», celebró el ministerio, «ha permitido generar un ahorro a todos los argentinos de 3.263 millones de dólares».

Como la merma de la actividad económica implica una caída en la recaudación de impuestos, el Gobierno se ve forzado a profundizar «el ajuste más grande de la historia de la humanidad» (así lo define Milei) para sostener el equilibrio de las cuentas públicas. Allí se inscribe el plan de retiro lanzado el lunes pasado, mediante un decreto del presidente. Fue justificado como parte de «una política de transformación y reorganización del Estado nacional orientada a la optimización de sus estructuras y dotaciones».

El programa regirá, en principio, por un mes y será prorrogable por otros 30 días. Está dirigido a los empleados de la planta permanente de la administración pública nacional centralizada y a contratados sin plazo, a quienes ofrece el pago de hasta 25 sueldos según edad y antigüedad. «Unos 20.000 [trabajadores] son elegibles para participar, si así lo desean», indicó el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, al anunciar la medida. «Para evitar una puerta giratoria, quienes participen no pueden volver a la administración (o deben devolver el dinero previamente)», agregó en sus redes sociales. «Seguimos buscando maneras de reducir el gasto público para seguir bajando impuestos», aseguró El coloso, como llama Milei a su ministro.

El rechazo sindical «No son retiros voluntarios, son despidos extorsivos y encubiertos», señala Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). «Hay presiones y amenazas en todos los ministerios y organismos estatales. Los jefes de áreas están diciendo que, si los trabajadores no aceptan, los pasan a disponibilidad y luego los despiden. La única opción es aceptar o quedarse en la calle, sin trabajo y sin obra social [cobertura de salud]», advierte.

Los dos grandes sindicatos que representan a los trabajadores estatales han expresado su desacuerdo con la iniciativa del Gobierno, pero con las habituales diferencias que los dividen. Los dirigentes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) han señalado que desaconsejan el retiro, pero lo dejan librado a la decisión de cada empleado. El sindicato ATE, en cambio, manifestó su rechazo total y realizó el miércoles pasado una protesta frente a la residencia presidencial de Olivos, en las afueras de Buenos Aires, donde vive Milei. «No se aguanta más», decía la bandera que encabezó la movilización.

ÚLTIMO MOMENTO!!

ATE SE MOVILIZÓ A OLIVOS EN RECHAZO A LOS DESPIDOS VOLUNTARIOS Y LA DEUDA DE USD 300 MILLONES!!

NO PUEDE HABER UN SOLO ESTATAL QUE SE ADHIERA A ESTE NEFASTO PROGRAMA!!

Este decreto es un NEGOCIADO MULTIMILLONARIO. Si firmamos, no sólo estaremos PERDIENDO

– Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) October 21, 2026

Aguiar enfatiza que el Gobierno no promueve los retiros «para ahorrar. Hay una cláusula en el decreto que establece que las eventuales vacantes que se produzcan no podrán ser cubiertas por el Estado: por un lado, se deja a la ciudadanía sin un servicio esencial y, por otro lado, se ofrece un enorme negociado a empresas privadas para que brinden esos servicios». Además, destaca que «el Gobierno toma un crédito del BID por 300 millones de dólares para financiar los despidos. Es completamente ilegal. No tiene aval del Congreso y no se puede tomar deuda en moneda extranjera para financiar gastos corrientes. El país debería endeudarse para construir, no para destruir».

«Un estado más débil»»Los retiros voluntarios en el Estado no funcionan. Esto ya está muy estudiado y hay mucha evidencia empírica», explica Alejandro M. Estévez, director del Centro de Estudios sobre el Estado y las Organizaciones Públicas (UBA). «Cuando el Estado les paga a los trabajadores para que se vayan, los que se van son los mejores, los que pueden reinsertarse en otros empleos del sector privado. Es decir, el retiro voluntario provoca el efecto contrario al que dice tener. Su resultado es la desprofesionalización del personal y un Estado más débil, menos capacitado». Estévez agrega que los programas de retiro se siguen utilizando porque «generalmente son financiados por organismos internacionales como el BID o el Banco Mundial: dan créditos para despedir gente y después, por supuesto, hay que pagarlos».

El experto en gestión pública consultado advierte que el desguace y los despidos instrumentados por el actual Gobierno «redujeron alrededor de un 30% la estructura de la administración centralizada», pero sin una evaluación ni una planificación previas, dejando muchas áreas debilitadas o directamente desmontadas. Para Estévez, compilador del libro Gobernar odiando al Estado. Narrativas antiestatales en las Américas (1990-2025), hay un evidente contraste entre las reformas del sector público previas y la que hoy lleva adelante Milei. «En las reformas de los años noventa se planteaba la necesidad de un Estado más eficiente. En reformas más recientes, como la del Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), se hablaba de modernizar el Estado. La principal diferencia es que Milei parte de un prejuicio antiestatal, gobierna odiando al Estado y, por eso, desconoce los instrumentos que tiene el Estado para reformarlo o, incluso, para achicarlo».

Uno de los problemas constitutivos de esa ideología antiestatal, observa, es que conspira contra su propia prédica en favor del libre mercado. «No existe ningún mercado sin Estado. Donde hay mercados sin Estado son países fallidos, hay algunos casos en África o América Central, donde no hay seguridad jurídica, ni democracia y las mafias controlan el poder».

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